La juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha solicitado distinta información sobre la cuenta bancaria donde recibió una ayuda de la Junta de Andalucía la empresa Taller de Libros, de cuyo consejo de administración fue presidente el exministro de Trabajo con el PP Manuel Pimentel.
En una providencia fechada el pasado día 24 de noviembre, a la que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla acepta de este modo la petición realizada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba.
Así, reclama a la entidad bancaria a la que pertenece dicha cuenta que, "a la mayor brevedad posible", remita información "sobre titulares y movimientos, con referencia nominal de los giros-transferencias, traspasos-cheques, realizados del 13 de febrero de 2009 hasta el 18 de enero de 2010".
En su oficio, consultado por Europa Press, la Guardia Civil realiza esta petición "con motivo de las investigaciones realizadas sobre las ayudas excepcionales" recibidas por la empresa Taller de Libros "y posterior reparto del efectivo recibido por el comité de empresa".
En este sentido, pone de manifiesto que, "del análisis a priori de los movimientos bancarios observados en la cuenta en la que se percibieron las ayudas, parece que efectivamente el dinero recibido se destinó al pago de las nóminas atrasadas de todos los trabajadores que pertenecían" a la empresa, no obstante lo cual la resolución de concesión de ayuda, en su estipulación primera, "determina que la ayuda se determina sobre la base del expositivo mencionado y según una determinada lista de trabajadores".
Asimismo, el secretario del comité de empresa, José Luis Nieto Miranda, aportó un documento "con referencia del reparto nominal de las cantidades que recibieron como ayudas y que se destinaron al pago de nóminas de todos los trabajadores de la empresa".
El Instituto Armado asevera que "no se ha podido cotejar que el reparto establecido en el convenio de ayuda corresponda con el realizado realmente, y que queda reflejado en los movimientos bancarios de la cuenta en la que se percibió la ayuda".
"Como consecuencia" de lo anterior, "y con la finalidad de comprobar y cotejar el empleo de las cantidades en efectivo recibidas", la Guardia Civil solicita a la juez que reclame determinada información sobre la cuenta bancaria en cuestión.
ANTICORRUPCIÓN PIDIÓ LA IMPUTACIÓN DE PIMENTEL
Hay que recordar que, en un escrito fechado el pasado 10 de septiembre, la Fiscalía Anticorrupción pidió a la juez que imputara a Pimentel por las ayudas de la Junta a Graficromo S.A. y Taller de Libros S.L., de cuyo consejo de administración fue presidente el propio exministro.
El Ministerio Público pidió la imputación de Pimentel como "empresario promotor de la nueva Sociedad" Taller de Libros, que surgió del plan de liquidación de la empresa cordobesa Graficromo, y de otras 24 personas por presuntos delitos de malversación, prevaricación, falsedad, tráfico de influencias y fraude.
En su declaración como testigo ante la Guardia Civil, prestada el 22 de junio de 2015, Pimentel dijo que fue presidente del consejo de administración durante los tres años en que estuvo trabajando en la empresa y explicó que el 19 de septiembre de 2008 presentaron un ERE porque la empresa "no lograba resultados económicos favorables".
Según declaró, fueron los trabajadores y el comité de empresa quienes decidieron pedir una ayuda a la Junta, añadiendo que la ayuda "fue a una cuenta creada por los trabajadores", por lo que "cree que fue gestionada por ellos y repartido en función de criterios laborales".
LA AYUDA
La Fiscalía relata que, después de que los administradores concursales de Graficromo presentaran el plan de liquidación, que contemplaba la enajenación unitaria a favor de Taller de Libros --constituida el 19 de diciembre de 2005--, se mantuvieron reuniones entre la representación de los trabajadores de la firma, el "empresario promotor de la nueva sociedad", Manuel Pimentel, y la administración autonómica --el exdirector de Trabajo Francisco Javier Guerrero y el exdelegado de Empleo en Córdoba Antonio Fernández Ramírez--, "con el objeto de incorporar de forma escalonada y según necesidades a la nueva compañía los que fueron trabajadores" de Graficromo.
Taller de Libros, a su vez, presentó concurso mediante solicitud de fecha 28 de julio de 2008, tras lo que la administración concursal pidió al Juzgado, "con acuerdo con los trabajadores, la suspensión temporal de los contratos de trabajo de la plantilla por seis meses prorrogables automáticamente hasta 24 y por tres días semanales", siendo el 16 de diciembre de 2009 cuando el Juzgado de lo Mercantil, "previo acuerdo con la representación de los trabajadores salvo en lo relativo a las indemnizaciones, autorizó la solicitud de la administración concursal de extinción de los contratos de trabajo de la plantilla desde el 3 de diciembre".
"Ante el impago de las nóminas de los trabajadores", el comité de empresa de la firma, "asesorado" por el propio Pimentel, mantuvo reuniones con el exdelegado de Empleo en Córdoba y con Juan Márquez "para obtener ayudas, bien para la empresa bien para los trabajadores, llegándose a tener dos reuniones" con el entonces director de Trabajo en diciembre de 2008 y enero de 2009, "el cual de forma verbal les dijo que daba una ayuda de 300.000 euros".
300.000 EUROS
Tras ello, fue el 15 de enero de 2009 cuando se suscribió un convenio entre el exdirector de Trabajo, Juan Márquez, y el exdirector de IDEA, Jacinto Cañete, en virtud del cual la Consejería de Empleo "encomienda a IDEA el abono de una ayuda sociolaboral a los trabajadores de Taller de Libros hasta la cantidad de 300.000 euros".
"Para el cobro de dicha cantidad y estando la sociedad en concurso, el comité de empresa aperturó cuenta corriente en la cual se domicilió su abono en dos transferencias por importe de 150.000 realizadas por Antonio Diz-Lois como director de Administración de IDEA tras recibir la petición de Juan Márquez de su pago con el conocimiento y consentimiento" del exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, asevera Anticorrupción.
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