La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, ha iniciado un expediente de queja de oficio dirigida a la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud del Servicio Andaluz de Salud (SAS) sobre la dispensación a embarazadas andaluzas de la vacuna contra la tosferina.
Esta actuación de oficio, de la que informa el Defensor en su página web, consultada por Europa Press, está fechada el pasado 11 de noviembre y se inicia tras tener "conocimiento por algunos medios de comunicación del fallecimiento de dos bebés de escasa edad a causa de tosferina, el primero en el Hospital Regional de Málaga", que "solamente contaba 15 días", y el segundo en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, "cuando tenía 50 días".
Se ha abierto, además, antes de que la Consejería de Salud informase --el pasado miércoles--, de su decisión de adelantar al próximo lunes día 30 la fecha de inicio para empezar a vacunar contra la tosferina a las mujeres embarazadas que se encuentren entre las semanas 28 y 32 de gestación, y ello tras recibir esta semana la confirmación del Ministerio de Sanidad de que se recibirán 14.180 dosis de vacunas adicionales.
En su actuación, el Defensor apunta que las mismas fuentes por las que se había informado señalaban que "las madres no habían recibido la vacuna durante el período de embarazo, a pesar de que consta que al menos una de ellas fue advertida por su ginecólogo para que se le administrase, sin que llegaran a ponérsela en ningún dispositivo sanitario a pesar de contar con la prescripción, ni pudiera llegar a hacerse con ella en las farmacias a pesar de los intentos que realizó".
A este respecto "se explica que la vacuna se dispensa a los niños a partir de los dos meses, y que para conseguir su inmunización en el período que va desde su nacimiento hasta dicha fecha se recomienda la vacunación de las embarazadas".
Paralelamente "se habla de un problema serio de desabastecimiento de vacunas por parte de los laboratorios fabricantes, que no tiene visos de resolverse con prontitud", añade el documento del Defensor, que se hace eco del "llamamiento de los profesionales" y de, "al parecer, unas instrucciones del Ministerio de Sanidad a través del Consejo Interterritorial del SNS, para que se priorice la administración de las vacunas a las embarazadas, aunque se retrase la última dosis para los niños, que se pone a los seis años, teniendo en cuenta que la mayor incidencia de la enfermedad se produce en los niños menores de seis meses".
Esta actuación --que no recoge el adelanto del inicio de la vacunación en Andalucía al próximo lunes, y sí el anuncio del consejero de Salud, Aquilino Alonso, anterior a esa decisión, de que "la mencionada vacuna se va a incorporar al calendario oficial para las embarazadas a partir del inicio del próximo año"-- subraya que "siguen sucediéndose casos" de tosferina.
La Oficina del Defensor, en el momento de abrir la actuación de oficio, estaba "recabando la preocupación de aquellas mujeres que por encontrarse en la última fase de gestación no van a poder beneficiarse de la medida que se anuncia, y precisan la administración de la vacuna de manera urgente, porque tienen previsto dar a luz en este año", y "algunas cuentan con la prescripción para que se les administre, pero no la han recibido con la imprecisa justificación del hospital correspondiente de que no cuenta con dosis".
"Estas mujeres no entienden que por una 'cuestión de fechas' se las deje desamparadas, y a sus hijos sin protección para cuando nazcan, en el período en el que precisamente son más vulnerables", agrega la actuación del Defensor, que menciona además que "la Fiscalía de Málaga ha abierto diligencias de investigación en el caso del bebé que falleció en el hospital de dicha ciudad para determinar la existencia de indicios de delito".
Así las cosas, "teniendo en cuenta lo expuesto", la Oficina del Defensor ha decidido "iniciar un expediente de queja de oficio, al amparo de lo previsto en el artículo 10.1 de la Ley 9/83, de 1 de diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz", y, en virtud de lo señalado en el artículo 18.1 de dicha normativa, solicita un informe al respecto de esta cuestión "a la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud del SAS".
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