Así lo solicita el abogado que ejerce la acusación particular en su recurso contra la libertad de Francisco Javier D. M, en el que afirma que, estando libre, el imputado seguirá impidiendo el hallazgo del cadáver con la misma "pericia y acierto" con la que "lideró las actuaciones tendentes a hacer desaparecer cualquier vestigio del crimen".
El abogado, en un texto al que ha tenido acceso Efe, dice a la Audiencia de Sevilla que el hallazgo del cuerpo, con independencia de su valor para investigar el crimen, permitirá que la familia tenga "su derecho elemental a enterrar a su hija y el derecho de la hija a ser enterrada", aspectos "entroncados con la dignidad de la persona" que proclama la Constitución española.
Respecto al posible delito de ocultación de patrimonio para ser declarado insolvente, tipificado en el artículo 258 del Código Penal, el letrado de la acusación se basa en un informe policial según el cual Francisco Javier firmó ante notario la disolución del régimen de gananciales con su esposa el 10 de marzo de 2009, a los 22 días de ser encarcelado, y ello permitió a la mujer vender un piso de su propiedad.
Por ello, la acusación pide al juez que investigue, en una pieza separada, este hecho así como la situación en cuanto a cargas hipotecarias o acciones judiciales del piso de la calle León XIII de Sevilla que compartían Francisco Javier y su hermano Miguel C.D., asesino confeso de Marta, y donde se produjo el crimen.
Entiende el abogado que la disolución del régimen de gananciales es un hecho más que "demuestra la capacidad y pericia que el imputado viene demostrando, desde el segundo siguiente a ocurrir los gravísimos hechos investigados, para dificultar la investigación, impedir el descubrimiento del cadáver y, ahora, también para eludir las responsabilidades civiles que pudieran corresponderle".
Francisco Javier quedó en libertad el pasado miércoles porque el juez de instrucción 4 de Sevilla cree que tuvo un papel "de menor entidad" en la desaparición de Marta y además porque el encubrimiento y ocultación de pruebas es un delito impune entre hermanos.
No lo entiende así la acusación particular, que cree que dicho delito se le puede imputar por encubrir al menor de edad que, según la última declaración de Miguel, participó con él en la violación de Marta y posterior asesinato por estrangulamiento.
En su recurso, añade que Francisco Javier, de 40 años, era "la persona de mayor madurez, serenidad, frialdad, capacidad de organización, influencia y astucia" de los cinco imputados, es "la persona que puede conocer donde está el cadáver" y su puesta en libertad "le ofrece la ocasión de continuar con su actuación dirigida a impedir a toda costa el esclarecimiento de la fase final de los hechos investigados".
El abogado de los padres rechaza la afirmación del juez de que el avance de la investigación ha permitido asegurar las pruebas del crimen cometido el pasado 24 de enero, y por el contrario entiende que, respecto al cadáver, "es obvio que no se ha producido ningún avance" y que la "infructuosa búsqueda" realizada hasta ahora, primero en el Guadalquivir y luego en un vertedero, "da muestra del acierto en la actuación" del imputado.
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