El consejero de la Presidencia, Antonio Ávila, explicó hasta en tres ocasiones que el objetivo de la reestructuración de las consejerías buscaba adecuar la organización de cada consejería “a la carga de trabajo, las competencias y las funciones” de cada área buscando “el interés general y ofrecer un determinado servicio público”, una eficiencia en la Administración que ha derivado en la supresión de quince altos cargos, que unidos a los que las dos vicepresidencias ya extintas por decisión del presidente de la Junta, supone una reducción global de entre un 11 y un 12%.
Según detalló, los decretos de reestructuración recogen la supresión neta de quince órganos directivos (catorce direcciones generales y una secretaría general), lo que afecta a diecisiete centros directivos, y que atañe a casi todas las consejerías, a excepción de Vivienda y Obras Públicas y Transportes, aunque en todas ellas se han adaptado las denominaciones de los departamentos tanto a las funciones como a los objetivos estratégicos de cada dirección o secretaría.
Ávila insistía, tras cifrar en 1,3 millones de euros -para el ejercicio 2009- el ahorro que supondrá la extinción de estos altos cargos, en que el objetivo de la recomendación del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, no responde a un criterio de austeridad. El ahorro “no es lo relevante sino el objetivo que lo orienta”, el “conseguir un determinado servicio público”. Tras rechazar entrar en las críticas del PP, previas a la remodelación, sobre la reducción de altos cargos, reiteró que se toman en función “del interés general y no en respuesta a las peticiones de la oposición”.
Plan de austeridad
Aún era más claro cuando diferenciaba el ahorro que supondrá esta medida del plan de austeridad que ya se incluía en los presupuestos andaluces para 2009 y que son los que determinan la gestión de la Junta, que prevé una reducción del gasto, no sólo en el capítulo I sino en otros ámbitos, de 170 millones de euros.
Sí que quiso dejar claro que el objetivo de estos decretos de reestructuración era buscar una reorganización de las consejerías “en bloque”, por lo que no se plantean por el momento más supresiones de cargos en la administración derivada de las Consejerías o en la periférica, como serían las delegaciones provinciales.
Aún así, Ávila no aclaró si la reducción de altos cargos también se llevará a cabo en las empresas públicas andaluzas y no descartó que en un futuro se plantee una reducción en el número de las Consejerías: “ni puedo descartar ni descarto, puesto que eso es potestad del presidente del Gobierno andaluz”, señalaba, para admitir posteriormente que la descentralización administrativa y política que pretende llevar a cabo José Antonio Griñán podría modificar la estructura de las delegaciones provinciales.
La reestructuración de las Consejerías ha venido acompañada de una treintena de nombramientos -que se suman a los 40 realizados desde el 24 de abril-, con lo que la Junta da casi por cerrada la designación de altos cargos.
El portavoz del Gobierno, Manuel Pérez Yruela, explicó que de los 70 nuevos altos cargos, 37 son mujeres y 33 hombres, con lo que la paridad está “garantizada”, y añadía que el 88% de los nombrados son titulados universitarios de carácter superior -especialmente en Derecho-, el 5% de tipo medio y sólo tres no tiene ninguna titulación universitaria. El 58% son funcionarios, ya sea de la administración general del Estado, de la Junta o de la Universidad, mientras que el 90% ha tenido relación directa con el puesto que le ha sido encomendado.
Como principales novedades en el área económica, la Consejería de Empleo se hace cargo de las políticas de promoción del trabajo autónomo, hasta ahora en Innovación, Ciencia y Empresa, que sigue manteniendo el resto de sus funciones de apoyo a los emprendedores.
Empleo asume la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, anteriormente en Gobernación, departamento que también cede la Dirección General de Consumo a la Consejería de Salud. Economía y Hacienda, por su parte, recibe las competencias de política informática de la Administración autonómica en los ámbitos económico, financiero y de contratación administrativa, procedentes de Innovación, Ciencia y Empresa.
Esta consejería seguirá gestionando el resto de las atribuciones en Administración electrónica y en tecnologías de la información y las comunicaciones. Además, incorpora a su organigrama el Comité Andaluz para la Sociedad del Conocimiento.
Las restantes consejerías mantienen sus competencias anteriores, aunque con supresiones y fusiones generalizadas de centros directivos.
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