Según recoge la edición de ayer del Boletín Oficial del Estado (BOE), el Consejo de Ministros dictó el 1 de agosto de 2008 un acuerdo sancionador contra CajaSur por este motivo, un acuerdo que ya es firme en la vía administrativa. Añade el BOE que, una vez que ha sido denegada la suspensión de su ejecutividad por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo mediante auto de 13 de marzo de 2009, procede la publicación de esta sanción.
El Consejo de Ministros acordó imponer a la CajaSur una multa de 300.000 euros y amonestación pública “como responsable de una infracción muy grave por incumplimiento injustificado de la obligación de comunicación contenida en el artículo 3.4 a) de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales”.
Señala que esta obligación se genera cuando un empleado o directivo de la entidad hubiera puesto de manifiesto a los órganos de control interno la existencia de indicios o la certeza de que un hecho u operación estaba relacionado con el blanqueo de capitales.
Por su parte, fuentes de la entidad explicaron que los hechos sancionados tuvieron lugar en 2005 cuando dos clientes de la caja recibieron una transferencia de dinero del extranjero que sacaron a través de cajeros automáticos, si bien matizan que el importe total de las operaciones es “muy inferior” a la multa fijada.
Destacan igualmente que esta sanción administrativa es fruto de una diferencia de criterios a la hora de interpretar la normativa y los hechos que deben ser obligatoriamente comunicados, pero “no de incumplimiento de la misma”.
Las fuentes han resaltado que la cuantía de la sanción se sitúa en la escala inferior de la horquilla fijada para este tipo de infracciones, ya que las multas pueden ir desde los 90.000 euros al 5% de los recursos propios de la entidad, que en el caso de CajaSur sería de 70 millones de euros.
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