Los populares pedían que la Junta instara al Gobierno central a tomar dichas medidas, así como a revisar el sistema de concesión de grados y otros beneficios penitenciarios respecto al cumplimiento de las condenas.
También abogaban por reforzar en todo el territorio nacional los grupos de lucha contra el "cibercrimen" de la Policía Nacional y la Guardia Civil, por aumentar la vigilancia policial en los entornos de menores y crear un centro de protección de menores "on line" para que éstos puedan remitir los correos o mensajes que les resulten sospechosos para denunciar "automáticamente" estas situaciones.
Con la presencia en la tribuna de invitados de los familiares de la joven Marta del Castillo y de Alberto Jiménez Becerril y su esposa, asesinados por ETA, el presidente del PP-A, Javier Arenas, abrió el debate solidarizándose también con los familiares de Mari Luz, que llegaron después, para aseverar que este tipo de casos "nunca deben volver a repetirse".
La propuesta de los populares, según Arenas, responde a una "necesidad" de la sociedad que lo está "demandando con un millón de firmas", por lo que insistió en revisar los beneficios penitenciarios a determinados delincuentes, como los que cometen delitos contra los menores o los terroristas
"Los derechos de los que delinquen no pueden ser superiores que los de las víctimas, porque hay penas que son más virtuales que reales", esgrimió Arenas, que alertó de que internet se está convirtiendo en un "espacio de impunidad" contra los menores y de que el ordenamiento jurídico "no satisface" las demandas de la sociedad.
Arenas se mostró partidario de abrir un debate sobre la cadena perpetua, medida que -recordódo- se aplica en muchos países de Europa, aunque admitió que la medida "no es fácil" y aclaró que según algunos constitucionalistas "no requiere" reformar la Carta Magna, sino cambiar la ley.
Enmienda aprobada en el Congreso
Los socialistas presentaron una enmienda a la propuesta en la que expresaban su apoyo a otra proposición del PP en el Congreso relativa a las reformas de Código Penal en relación a los delitos de abusos sexuales a menores, que fue aprobada por unanimidad, pero Arenas la rechazó indicando que se aprobó hace un año y desde entonces "no se ha hecho nada".
María José López, diputada socialista y ex consejera de Justicia, expresó su apoyo a la familias afectadas por estos delitos para argumentar, a continuación, que el Código Penal español es "ejemplar" en el ordenamiento europeo.
Se mostró partidaria de cambiar el Código, pero desde un debate "responsable, reflexivo, desde la templanza y la mirada del equilibrio", al tiempo que aseguró que la Constitución "obliga" a equilibrar entre la protección y la seguridad, y los derechos de los que están privados de libertad.
"El cumplimiento íntegro de las penas es una cadena perpetua encubierta", afirmó López.
Diego Valderas, portavoz de IU, no dudó en tildar la iniciativa del PP de "oportunista", aunque dijo que su formación no renuncia a abrir estos debates de forma serena, pero "no al calor del dolor" de los familiares de las víctimas.
Según explicó, la Constitución "obliga a todos" a proteger a las víctimas al máximo nivel y a la tarea de resocializar y rehabilitar a los que delinquen, una actitud -precisó- que "no rebaja" la solidaridad de IU con las víctimas.
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