Hacienda somos todos, pero al final resulta que siempre unos más que otros. Es lo que piensan los onubenses, se calculan que unos 10.000, que en su día hicieron las maletas para buscarse la vida lejos de España (las cosas no han cambiado tanto) y que, de repente, se han encontrado con que el fisco les quiere amargar la jubilación. Este miércoles salieron a las calles para hacer visible lo que consideran un trato injusto, ya que, con carácter retroactivo, la reforma fiscal del Partido Popular les ha exigido que declaren en España lo que las pensiones del extranjero les ha reportado desde el año 2010. La mayoría ya han pagado, habida cuenta de que el plazo expiraba el pasado 30 de junio, pero la reivindicación de estos mayores puede servir para reabrir el debate sobre los límites de ganancia para hacer la declaración y esa poco entendible vara de medir a las personas con dos pagadores. A ellos, Hacienda los mete en este grupo al recibir pensión de España y otro país y, por lo tanto, al superar los 11.200 euros anuales están obligados a tributar. Estos jubilados piden que se les considere beneficiarios de un solo pagador y poder elevar el límite a los 22.000 euros, una medida quizá más justa para un colectivo como éste que en su día se fue de una España sin recursos y que hoy ve cómo este país les mete la mano en el bolsillo y le acaba amargando sus años de merecido descanso.
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