Mediante Diligencia de 16 de junio de 2015, la Audiencia Nacional ha comunicado a la Mesa de la Ría la admisión a trámite del recurso planteado contra la decisión del Ministerio de aprobar el plan de enterrado de los fosfoyesos presentado por Fertiberia. En dicha comunicación, se da por admitido además otro recurso presentado contra el mismo acuerdo por la organización ecologista WWF Adena.
La oposición planteada por la Mesa de la Ria se basa en cuatro aspectos fundamentales: por un lado, considera que el plan de Fertiberia de tapado de las balsas no restaura la legalidad vulnerada, puesto que no devuelve la marisma a su estado original, sino que por el contrario perpetúa el daño causado, ya que su propósito es dejar los vertidos declarados ilegales en el mismo lugar donde fueron depositados indebidamente.
Por otro lado, se basa en el hecho de que la actual Ministra de Medio Ambiente, a quien en última instancia le correspondió tomar la decisión, no era imparcial en esta cuestión, pues fue Directiva de la empresa Fertiberia desde el año 2004 al 2012, con lo que no quedaba garantizada la correspondiente imparcialidad a la hora de tomar decisiones necesaria en todo servidor público.
Además, se pone en conocimiento de la Audiencia Nacional que el Ministerio contaba con dos proyectos de restauración alternativos, presentados por la Mesa de la Ría a requerimiento del propio Ministerio, y que ambos contemplaban la devolución de la marisma dañada a su estado original. Dichos planes, que sí contemplaban por tanto la restauración de la legalidad vulnerada por Fertiberia, ni siquiera fueron tenidos en cuenta para su análisis por el Ministerio, a pesar de contar dichos planes con los avales de la Empresa Pública Egmasa así como por el departamento de geología de la Universidad de Huelva.
Por último, la Mesa de la Ría ha planteado que el estudio necesario sobre la estabilidad de las balsas en casos de terremotos y maremotos no podía ser encargado a la propia empresa condenada, tal y como así se hizo por el Ministerio, sino a algún otro organismo independiente como pueden ser el Instituto Geológico Minero (IGME) o la propia Universidad de Huelva. Es inadmisible que un estudio de tal trascendencia, pues de su contenido podría depender la puesta en marcha del proyecto, sea encargado a la empresa condenada en lugar de hacerlo a algún organismo público que garantice la imparcialidad de su contenido y conclusiones.
Como hecho novedoso, resaltar que la Junta de Andalucía se ha personado ante la Audiencia Nacional a los únicos efectos de alegar su falta de competencia para emitir la necesaria declaración de impacto ambiental de dicho proyecto, tal y como se le requería por parte de la Audiencia. La Mesa de la Ría lamenta que no aprovechara esta oportunidad para pronunciarse además sobre la no ideonidad de dicho Plan a los efectos de restaurar el medio ambiente dañado, cuestión de clarísima competencia Autonómica. De este modo, el nuevo Consejero de Medio Ambiente, D. José Fiscal, ha desperdiciado su primera oportunidad de implicarse de lleno en la solución de este problema, tal y como anunció públicamente en los momentos posteriores a su toma de posesión del cargo.
Desde la Mesa de la Ría vamos a segur insistiendo ante todas las Administraciones e instancias judiciales para que el plan de tapado de las balsas no se lleve a cabo. Ayuntamiento de Huelva y Junta de Andalucía deberán actuar firmemente en esa misma dirección para así cumplir con el compromiso adquirido con los ciudadanos y ciudadanas de Huelva. La Mesa de la Ría desde luego no va a dejar de hacerlo y va a liderar esta reivindicación tal y como estamos convencidos de que nos corresponde.
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