La titular del juzgado de instrucción 3 de Sevilla, Patricia Fernández, ha dictado un auto en el que ordena nuevas diligencias ante las "dudas" que tiene sobre la empresa a la que la Junta de Andalucía adjudicó en febrero pasado la explotación de la mina de Aznalcóllar (Sevilla).
En la investigación sobre este proceso de adjudicación tras la denuncia presentada por Emerita Resources España SLU, la juez constata que Minera Los Frailes -la empresa que finalmente ha aceptado la explotación de la mina- no corresponde a la que en su día se presentó al concurso para obtener esta explotación, la entidad Minorbis-Grupo México, según recoge el auto.
La sociedad definitivamente adjudicataria cambió de denominación y sustituyó su objeto social el 5 de mayo de 2015, solo días antes de la aceptación definitiva de la explotación del concurso, afirma la juez.
Al día siguiente, 6 de mayo, la sociedad, ya denominada Minera los Frailes S.L., fue adquirida al 100 % de su capital social por AMC Mining Iberia S.L.U., y el 8 de mayo se produjo una ampliación de capital de 1 millón de euros, de los iniciales 3.000 euros de capital social, con una prima de asunción de 92 millones de euros íntegramente desembolsados, explica la instructora.
Ante estos hechos, la juez, que ya acusó a la Junta de actuar "sin el más mínimo rigor" en el concurso, solicita a la Dirección General de Industria, Energía y Minas de Andalucía que informe si ha otorgado validez a la aceptación del concurso.
Por ello, la juez ha solicitado información al Registro Mercantil sobre los interrogantes que arrojan los movimientos societarios de la entidad Minorbis registrados desde el pasado 21 de enero al 25 de mayo.
En el auto se destaca "la inmediatez con que se realizan el cambio de denominación y objeto social, la compra de participaciones y la ampliación de capital", lo que la juez considera que debe ser explicado "con la convicción suficiente".
También extiende esas explicaciones a la forma de pago de las participaciones que Minorbis adquiere y a la factura de 1,2 millones de euros pagados "al parecer" como honorarios por los servicios de coordinación previos prestados por Minorbis a AMC Mining Iberia para el desarrollo e impulso del proyecto de explotación de la reserva minera.
Entre las nuevas diligencias, la juez cita a declarar el 8 de julio a un representante de la empresa denunciante y a un testigo de una reunión de abril de 2014 vinculada en la denuncia con el proceso de adjudicación del concurso.
En esa reunión, según los denunciantes, el presidente de Magtel (filial de Minorbis), Mario López Magdaleno, acudió a Emerita con la "supuesta intención de negociar la refundición de ambos proyectos para poder obtener la adjudicación" y al finalizar la reunión les advirtió de que "Magtel tenía la llave del concurso".
Para dar veracidad a sus palabras, les anunció que iban a recibir una llamada de alguien de la consejería, algo que se confirmó al llamarles el secretario general de Industria de la Junta, Vicente Fernández, para interesarse por la reunión, según los denunciantes.
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