Funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía de San Fernando han procedido a la detención de J.C.C.V., de 45 años y vecina de la ciudad, como supuesta autora de un delito continuado de apropiación indebida y falsedad documental. Se estima que dicha persona, que ejerce como gestora de varias comunidades de vecinos -la mayoría en San Fernando, aunque algunas en Chiclana-, se habría apropiado de manera indebida de más de 72.000 euros pertenecientes a en torno una veintena de comunidades.
Es el resultado de una investigación llevada a cabo por la Policía Nacional durante los últimos meses y, actualmente, los presidentes de dichas comunidades de vecinos juntos con los nuevos administradores se encuentran auditando las cuentas porque se estima que las cuantías que presumiblemente se ha llevado podrían ser incluso superiores a esos 72.000 euros.
Desde febrero
Los hechos se remontan a primeros del pasado mes de febrero cuando por parte del presidente de una de las comunidades de vecinos se presentó una denuncia en Comisaría, en la que daba a conocer la existencia de anomalías en las cuentas de su comunidad que eran llevadas por la ahora imputada J.C.C.V.. Dicha cantidad ascendía a 1.100 euros.
En su declaración posterior, la detenida no consiguió aclarar ante los agentes el desfase existente, perdiéndose en numerosas incongruencias que, además, sirvieron a la Policía como hilo conductor para descubrir que diferentes comunidades de vecinos y algunos garajes habían sido objeto de sus “artimañas”.
En las 20 comunidades investigadas, 18 en San Fernando y dos en Chiclana-, su modus operandi era idéntico. En las reuniones con los propietarios les entregaba documentos realizados por ella en un word con un estado de cuenta irreal y luego lo transcribía al libro de actas, no aportando en dichas reuniones extracto bancario alguno.
Se da la circunstancia que en una de las últimas reuniones celebrada con una de las comunidades afectadas, y siguiendo el mismo procedimiento, dio cuenta de la existencia de un saldo de alrededor de 5.000 euros, cuando en realidad había 51 euros en caja. Además, otras comunidades se habían visto acusadas incluso de morosos por los bancos por no pagar el mantenimiento del ascensor en cantidades que oscilaban los 6.000 y 13.000 euros.
En el transcurso de la investigación, se ha podido determinar por parte de la Policía Nacional que en una de las comunidades sus presidente detectó la falta de una cuantía importante de dinero en la cuenta corriente. Fue entonces cuando se puso en contacto con la gestora exigiéndole el reintegro de la misma, algo que J.C.C.V. hizo en dos plazos.
Reseñar que hubo tres comunidades que no vieron sus cuentas corrientes alteradas, mientras que el resto en una u otra medida si que se han visto salpicadas por el comportamiento de la persona que ha sido detenida.
El grupo policial encargado de la investigación ha podido determinar en los cuatro meses que ha durado la existencia de significativas operaciones en efectivo en las diferentes cuentas bancarias (más de 25), además de que en los estudios realizados en los extractos bancarios denotan "intencionalidad" por parte de la imputada, toda vez que tal cantidad de movimientos no son habituales en la cuenta de una comunidad de vecinos, sobre todo mes a mes y a lo largo de varios años.
La detenida junto a las diligencias instruidas han pasado a disposición de la autoridad judicial.
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