USB califica de "vergonzoso la actuación de Romero, por el hecho de modificar la plantilla de personal para la creación de cuatro plazas de personal de confianza, sin informe técnico alguno y con el añadido de que sus enchufados a dedo se les permita realizar funciones que corresponden a los funcionarios públicos, a sabiendas de su ilegalidad".
El fundamento de derecho sexto, de la sentencia Nº 335/2015, dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 1, concluye con que: “las funciones encomendadas y desarrolladas no responden al criterio normativo de confianza y asesoramiento especial. Se han atribuido funciones propias de empleados públicos, más concretamente a funcionarios, a los puestos de personal eventual”.
La meritada sentencia, en el mismo fundamento de derecho, hace alusión a que "la administración demandada –Ayuntamiento de Los Barrios- desde un principio era consciente de la configuración profesional de los cuatro puestos de confianza, dado que como documental número 8 se aportó por la demandante una nota de prensa en la que se transcriben las manifestaciones que realizó en su momento el Sr. Alcalde, Jorge Romero Salazar (PA), en cuanto a la creación y funciones de los cuatro cargos de confianza".
Para USB es "desalentador tener a políticos gobernando en el Ayuntamiento de Los Barrios que desconocen la razón de la existencia del personal funcionario y por qué los empleados públicos tienen un régimen jurídico distinto al personal de confianza o al resto de personas que trabajan en una empresa privada".
"El personal funcionario tiene que garantizar los intereses generales por encima de los particulares e incluso sobres los políticos. Sin embargo, Jorge Romero Salazar y el Partido Andalucista han permitido que sus cuatro enchufados “personal de confianza” usurpen las funciones o tareas de los funcionarios de carrera, con el fin de garantizar sus intereses particulares y políticos, es decir, un más que palpable beneficio propio y del Partido Andalucista (PA), dejando a un lado los intereses generales de los ciudadanos de Los Barrios", apuntan.
"A día de hoy el sr. Romero se está encargando de crear una imagen distorsionada de los empleados públicos del Ayuntamiento de Los Barrios, demonizando su figura sin motivo alguno, con mentiras o falacias sin sentido alguno", afirman.
"Los verdaderos empleados públicos o funcionarios de carrera, nada tienen que ver con el personal de confianza nombrado de forma ilegal, a los que también se les denomina falsos empleados públicos o falsos funcionarios, los cuales bailan al son del político de turno”, alegan.
Para el presidente de USB, Raimundo Pérez, "los verdaderos empleados públicos o funcionarios de carrera son incomodos para el Sr. Romero (PA), porque son los únicos que se interponen en sus decisiones ilegales, dada la imparcialidad con la que actúan y la estabilidad laboral garantizada por las Leyes. Si no existiese una normativa que garantice las plazas en propiedad de los funcionarios públicos, el Alcalde de turno podría mandar continuamente ilegalidades a los trabajadores, los cuales no tendrían más remedio que aceptar, ya que estaría en riesgo su puesto de trabajo".
Desde USB lamentan "la estratagema utilizada por el tándem PA-PP para saltarse los controles administrativos, de esta forma nuestra administración, el Ayuntamiento de Los Barrios, es más proclive a la corrupción, dado que existen cuatro cargos de confianza que deben su puesto de trabajo a un cargo político que los ha nombrado".
USB acusa "al alcalde de Los Barrios, Jorge Romero Salazar (PA), de haber tomado decisiones, muchas veces con informes de reparo o negativos redactados por los verdaderos funcionarios de carrera, los cuales desaconsejan cuestiones ilegales o bien proyectos caros y sin una utilidad pública para la ciudadanía, y sin embargo se ha utilizado a los denominados falsos empleados públicos para redactar informes técnicos en beneficio del político que los ha nombrado, con el objeto de que primen los intereses personales y partidistas, un absoluto despropósito, argumenta Pérez, Presidente del Sindicato USB".
Por otro lado denuncian "la mala fe con la que suele actuar Jorge Romero, dado que parte de la plantilla de trabajadores (personal con vinculación laboral) fue presuntamente amedrentada con la firme amenaza de más despidos, para luego privatizar y encarecer los servicios públicos básicos, bajo la excusa de que tiene que ofrecer una buena atención a los vecinos que pagan los salarios de los empleados municipales, olvidando que el ciudadano también paga los sueldos y gastos de los políticos del Partido Andalucista, del personal de confianza nombrado de forma ilegal y de todos los errores y barbaridades que se han cometido en el último mandato, como pueden ser las consecuencias de las amortizaciones ilegales o la eliminación de conceptos retributivos a los Policías Locales que trabajan a turnos, a los que pronto tendrá que pagarles. Dichos errores políticos le costarán al pueblo la friolera cifra de unos diez millones de euros aproximadamente".
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