Los catedráticos Juan Zorzona y Miguel Ángel Martínez Lago han declarado hoy ante el juez que investiga el caso ERE en el Supremo a petición de la defensa del expresidente José Antonio Griñán y han afirmado que el sistema de financiación de estas ayudas de la Junta de Andalucía era legal.
Juan Zornoza ha explicado a los periodistas a su salida del tribunal que el objetivo fundamental de la comparecencia "ha sido intentar aclarar que el régimen de las transferencias de financiación, que se utilizan en multitud de administraciones con absoluta normalidad, no es perverso y no permite eludir ningún tipo de controles presupuestarios".
Al respecto ha añadido que "su empleo es absolutamente legítimo, con independencia de que haya podido haber algún supuesto en el que se hayan cometido abusos de ese mecanismo".
Por otra parte, ha comentado que entre lo que han expuesto hoy y el informe de los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) "hay una diferencia como la que existe entre el día y la noche".
"Los peritos de la IGAE parece que mantienen que las transferencias de financiación en sí mismas son un mecanismo ideado para evitar los controles presupuestarios, y nuestro análisis creemos que demuestra en términos muy contundentes que eso no es así y que no permiten eludir ningún tipo de controles", ha explicado Zornoza.
Ha concluido diciendo que de este modo "los controles presupuestarios previstos en la normativa vigente se hubieran podido aplicar en todo caso".
Los dos catedráticos han diferenciado el sistema de financiación de los ERE, las transferencias, que fueron sencillamente un sistema de pago, del régimen de concesión de las ayudas, de acuerdo al cual fueron directas y, por tanto, sin concurrencia pública entre los posibles beneficiarios.
Los dos peritos, que han declarado durante más de cuatro horas, han refrendado su informe de parte, encargado por la defensa de Griñán, que fue consejero Economía de la Junta entre 2004 y 2009 y, luego, hasta 2013, presidente de la misma.
La defensa del expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán pidió al magistrado Alberto Jorge Barreiro que citara a los dos catedráticos para que ratificaran este informe, que considera ajustados a derecho los procedimientos seguidos para la autorización, ejecución y control de los gastos financiados con cargo al programa de ayudas laborales.
El informe de los dos catedráticos contradice la tesis de los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), según la cual los responsables de la Junta de Andalucía efectuaron un uso ilegal de la herramienta presupuestaria con la que se dotaban económicamente los ERE.
Alberto Jorge Barreiro ha interrogado a los cinco parlamentarios implicados en el caso y por cuyo aforamiento es competente el alto tribunal durante el pasado mes de abril y ahora está llevando a cabo otras diligencias antes de decidir si pide o no el suplicatorio para actuar contra alguno de ellos.
Se trata de los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y los exconsejeros Gaspar Zarrías, Mar Moreno y José Antonio Viera.
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