El sindicato CCOO reclama el doble de funcionarios en el Juzgado número 1 de Estepona (Málaga) para evitar la parálisis en el Caso "Astapa", que investiga la corrupción en el Ayuntamiento de esta localidad y que el TSJA puso recientemente como ejemplo negativo de lentitud de la justicia.
La delegada de la sección sindical de Justicia de CCOO en Málaga, Carmen Cuenca, reclama a la Junta de Andalucía la creación de nuevas plazas, en primera instancia, y el envío de refuerzos, en segundo lugar.
En declaraciones a Efe explica que los cuatro juzgados de los que dispone Estepona cuentan con ocho funcionarios cada uno, por lo que considera que sería necesario duplicar su número.
El Caso Astapa acumula más de siete años de instrucción y más de un centenar de personas investigadas, pero el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) no prevé "a corto plazo" ni la fase intermedia, ni la consiguiente apertura de juicio oral, según su informe.
En su memoria anual de 2014, el alto tribunal andaluz reitera que la Justicia tiene que ser rápida para ser justa y consideró "imprescindible" garantizar más y mejores herramientas a los juzgados que se ocupan de casos "voluminosos y complejos" como el Caso Astapa o los ERE.
Entre las demandas del alto tribunal para este caso, apuntaban la necesidad de fotocopiadoras especiales para digitalizar toda la documentación, aunque Cuenca advierte que "de nada sirve tener más máquinas, cuando no hay personas para manejarlas".
"Si el poco personal que hay se tiene que dedicar a tramitar, no puede digitalizar las documentación", puntualiza, al tiempo que recuerda que en verano en los juzgados de Estepona y de toda la Costa del Sol aumenta la litigiosidad con el incremento de habitantes.
A ello se suma que la Junta de Andalucía impide, según la representante sindical, que la totalidad de la plantilla realice guardia, y se restringe a un número limitado de funcionarios, "de manera que las cosas se complican", añade.
El denunciante del Caso Astapa y candidato del PSOE a la Alcaldía de Estepona, David Valadez, se queja de que la Justicia "si es lenta no es justa" y reclama celeridad para que la ciudad "pueda cerrar página y olvidar esta terrible pesadilla".
"Si hay personas inocentes, la Justicia debe esclarecer las dudas que se han sembrado sobre su honorabilidad; y si son consideradas culpables, deben pagar por el daño hecho y el Ayuntamiento debe exigir que se reintegre a las arcas públicas hasta el último céntimo que haya procedido del bolsillo de los esteponeros", exige Valadez.
El alcalde de Estepona, José María García Urbano (PP), señala a la Junta como responsable de dotar de medios materiales, técnicos y humanos a los juzgados y recuerda que el consistorio ofreció en 2006 al Gobierno andaluz terrenos para construir un palacio de justicia "que descongestionaría la actual situación de los juzgados".
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