La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en funciones de la Junta de Andalucía, María José Sánchez Rubio, ha visitado este viernes la residencia de la Asociación de Parapléjicos y Grandes Discapacitados (Aspaym) de Granada, donde ha reiterado la apuesta de la Administración autonómica por la integración social y normalización de las personas con discapacidad, que se traduce, según ha dicho, en la futura Ley de Discapacidad.
Junto a la delegada de la Junta en Granada, Sandra García, la consejera ha recorrido el que es el primer y único centro de toda Andalucía de atención integral a personas con lesión medular y otras discapacidades físicas severas donde ha anunciado que se prevé ampliar el número de plazas concertadas de 30 a 62, aunque no ha concretado cuándo.
Este centro, abierto en febrero de 2014, ocupa una superficie de 4.300 metros cuadrados repartidos en cuatro plantas y está dotado de todo tipo de servicios que proporcionan a sus usuarios una atención multidisciplinar dando cobertura personalizada en las actividades de la vida diaria así como especializada en asistencia médica y enfermera. Cuenta además con gimnasio de rehabilitación, fisioterapia, terapia ocupacional, atención psicosocial así como zonas ajardinadas y de ocio.
Un total de 40 personas trabajan en el centro, superando la ratio de un cuidador por paciente, como ha destacado la consejera asegurando que "este centro acoge a personas no sólo de Granada sino de toda la comunidad autónoma".
A las personas atendidas en este centro se suman las que residen en Huerta del Rasillo, también en la capital granadina, "por lo que son 63 las plazas concertadas por la Junta para personas con discapacidad grave, un número que tiene que crecer y para lo que estamos trabajando", ha apuntado Sánchez Rubio.
Durante su recorrido por las instalaciones de la residencia, la responsable andaluza de Salud y Políticas Sociales ha indicado que, en el marco de la futura Ley de Discapacidad se va a crear un Plan de Empleabilidad específico que permita reducir la tasa de paro en este colectivo y, para ello, se establecerán obligaciones como la reserva del tres por ciento de plazas de cursos de formación organizados por la Junta para personas con discapacidad y el cinco por ciento en programas de escuela taller.
De la oferta de empleo público, según ha detallado la consejera, el siete por ciento de las plazas se reservarán "con la obligación de que dichos puestos estén adaptados así como las dependencias y los equipamientos necesarios para su desarrollo".
Para concluir, Sánchez ha resaltado la capacidad de gestión social y sanitaria no sólo para ofrecer la mejor atención integrada a los usuarios y pacientes sino para cuidar los puestos de trabajo.
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