La juez Mercedes Alaya ha modificado levemente las fianzas de responsabilidad civil de 40.317.001,21 euros impuestas a 23 imputados en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, entre exaltos cargos de la Junta y miembros del consejo rector de IDEA como el exconsejero de Innovación Martín Soler, al reconocer que el auto donde las impuso "arrastra por mera equivocación algunos errores materiales o aritméticos".
En un auto, consultado por Europa Press, la magistrada toma esta decisión tras los escritos presentados por las defensas de varios de los imputados afectados en los que solicitaban la aclaración de la resolución de 22 de septiembre de 2014 donde fijó distintas fianzas civiles para 24 imputados. De este modo, la única fianza que se mantiene es la de 3.466.666,67 euros impuesta al exinterventor general de la Junta Manuel Gómez.
En este sentido, la instructora pone de manifiesto que en la resolución de 22 de septiembre de 2014 "se ha advertido por su extensión y sobre todo por su complejidad la existencia de algún concepto oscuro sobre el que las partes solicitan aclaración y algunos errores de cómputo o aritméticos".
Los recurrentes "insisten en que se les aclare las bases que justifican los criterios de cuantificación, es decir, 20.000 euros por convenio votado, 10.000 euros por convenio informado o 7.000 euros por convenio votado por delegación".
"La base de dichos criterios no es más que la aplicación del principio de proporcionalidad entre el número de miembros del Consejo Rector y la importancia cuantitativa de los convenios informados o autorizados, así como la relación proporcional con las fianzas ya fijadas a los diferentes cargos directivos de IFA/IDEA", explica Alaya.
EL CÁLCULO DEL TERCIO LEGAL
La juez, al hilo de ello, reconoce que el auto cuya aclaración se interesa "arrastra por mera equivocación algunos errores materiales o aritméticos, algunos de los cuales han sido puestos de manifiesto por alguno de los solicitantes, aún en perjuicio de sus intereses".
Así, se refiere al cálculo del tercio legal exigido por el artículo 589 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, "tercio que en casi todos los supuestos del auto, por mero error aritmético, se ha calculado sobre la base del 33 por ciento, arrojando el cálculo del tercio real de cada suma una cantidad levemente superior a la consignada en la parte dispositiva de la resolución" que ahora se aclara.
De este modo, la juez modifica las fianzas civiles impuestas al exconsejero de Innovación Martín Soler --que pasa de 4.070.633,08 a 4.088.835,17 euros--; al exviceconsejero del ramo Jesús María Rodríguez --de 10.761.213 a 10.788.183,50 euros--; y al presidente de Unicaja, Braulio Medel --pasa de 482.790 a 465.333,33 euros--.
También corrige las fianzas civiles impuestas al exdirector general de IDEA Miguel Ángel Serrano --de 2.805.647 a 2.812.679,04 euros--; al expresidente de El Monte José María Bueno Lidón --de 2.553.600 a 2.500.000 euros--; al exdirector general de Desarrollo Tecnológico e Incentivos Manuel López Casero --de 2.207.800 a 2.213.335,33 euros--, y al exviceconsejero de Economía y Hacienda José de Haro Bailón --de 1.995.000 a 2.000.000 euros--.
ANTIGUOS CARGOS DEL IFA/IDEA
Igualmente, cambia las fianzas civiles de Juan Carlos Soriano, exviceconsejero de Relaciones Institucionales, que pasa de 1.835.400 a 1.813.333,33 euros; del exjefe del gabinete jurídico de la Junta Francisco del Río --de 1.607.970 a 1.464.333,34 euros--; del exviceconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa Gonzalo Suárez --de 1.598.384 a 1.602.390,52 euros--, y del exdirector general del IFA Francisco Mencía, que pasa de 1.532.338 a 1.536.178,75 euros.
Asimismo, modifica las fianzas civiles impuestas al exdirector de Industria Jesús Nieto --de 1.026.760 a 1.029.333,34 euros--; al exdirector de IDEA Antonio Valverde --de 970.001 a 972.432,50 euros--; al que fuera técnico de la Dirección General de Trabajo y director de Administración y Finanzas de IDEA Antonio Diz-Lois --de 593.356 a 594.837,36 euros--; al exviceconsejero de Agricultura y Pesca Juan Paniagua --de 535.990 a 537.333,33 euros--; al exdirector general del IFA Antonio Lara --de 464.650 a 465.815,19 euros--, y a Ángel Garijo Galve, exsecretario general de Innovación, que pasa de 452.200 a 453.333,34 euros.
Por último, modifica las fianzas civiles impuestas a Isabel de Haro Aramberri, exsecretaria general de Desarrollo Industrial y Energético, que pasa de 339.150 a 340.000 euros; a Francisco García, exsecretario general de Empleo --de 279.300 a 280.000 euros--; a Felipe Romera, presidente de la Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía, y a Pilar Rodríguez López, exsecretaria general de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, que pasa de 212.800 a 213.333,34 euros; a José Domínguez Abascal, exsecretario general de Universidades --de 159.600 a 160.000 euros--, y al presidente de la Corporación Tecnológica de Andalucía, Joaquín Moya-Angeler, que pasa de 152.950 a 153.333,34 euros.
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