Izquierda Unida se ha plantado en las mismas puertas de la oficina de la empresa GILMAR en Puerto Banús, la de la familia GIL, luego de que éstas fueran inauguradas la pasada semana con la sonrojante presencia del concejal de Comercio, José Eduardo Díaz, no solo como asistente, sino participando activamente del corte de cinta.
Los dirigentes de la formación han protestado por esta circunstancia.
La imagen del edil, y no solo de él, también de la esposa del concejal de Urbanismo, que es quien dirige la oficina, e incluso el marido de la alcaldesa y otros muchos destacados exponentes del tejido empresarial local, ha provocado un clamor en medios de comunicación, redes sociales y grupos políticos de oposición.
Y no solo es una cuestión de formas. También de cifras. Una sentencia judicial obliga a quien corta la cinta junto al concejal, al propietario de la empresa, el hijo del ex alcalde, Jesús Gil Marín, a pagar 63 millones de euros al Ayuntamiento como responsable subsidiario de las arcas municipales.
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