El juez de Sevilla que abrió una investigación por la actuación del exalcalde Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE) en la reincorporación del exasesor socialista Domingo Enrique Castaño en la Fundación DeSevilla ha remitido la causa al magistrado que indaga las presuntas irregularidades en la gestión por esta fundación de las subvenciones para programas de cooperación, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.
Hay que recordar, en este sentido, que el juez de Instrucción número 14 de Sevilla, Manuel Centeno, decidió abrir diligencias previas tras la providencia en la que la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) advertía de que Sánchez Monteseirín podría haber incurrido en presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación por su papel en el reingreso de Castaño.
Tras ello, y según han indicado las mismas fuentes consultadas, el juez ha remitido la causa al Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, cuyo magistrado investiga las presuntas irregularidades cometidas en DeSevilla, causa en la que permanecen imputados el exprimer teniente de alcalde del Ayuntamiento Antonio Rodrigo Torrijos (IU-CA), el exgerente de la fundación Miguel López Adán (IU-CA) y el ex delegado no electo de Economía y Empleo Carlos Vázquez (IU-CA).
No obstante, las fuentes han indicado a Europa Press que el juez de Instrucción número 14 ha remitido la investigación de Sánchez Monteseirín antes de conocer el escrito de la Fiscalía en el que solicita separar estas diligencias de las relativas a las irregularidades en la fundación, por lo que es previsible que la asuma en caso de que le sea devuelta por el juez de Instrucción número 16.
LA FISCALÍA PIDE SEPARAR AMBAS CAUSAS
Y es que el Ministerio Público ha solicitado separar ambas investigaciones y se ha opuesto a la imputación de Monteseirín en la causa que investiga este último magistrado al considerar que las irregularidades en la fundación "nada tienen que ver" con el papel del exalcalde en la readmisión de Castaño.
Para la Fiscalía, "no procede" la solicitud de imputar al exalcalde cursada por la Fundación a instancias del Gobierno municipal del PP, en el marco de la causa correspondiente a las irregularidades en la gestión, porque se trata de "hechos que indaga otro juzgado".
Media en el asunto una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que ratifica una sentencia previa del Juzgado de lo Social número 7 de Sevilla, que declaró ya procedente el despido del exasesor del grupo socialista del Ayuntamiento hispalense Domingo Enrique Castaño en la citada fundación, sometida a un expediente de regulación de empleo (ERE) a finales del pasado mandato, antes de que el PP desembarcase en la Alcaldía.
En un contexto en el que Monteseirín solicitó al gerente de la fundación la readmisión de Castaño a partir del 1 de junio de 2011, con un salario anual de 35.000 euros, lo que fue llevado a efecto hasta su despido el 5 de octubre de 2011 a manos del Gobierno local del PP, el TSJA considera que "cabe inferir un hacer que podría ser constitutivo de delito" en relación al hecho de que el secretario del patronato de la fundación emitiera un informe en el que consideraba que Castaño inició el disfrute de su excedencia el 16 de septiembre de 2007, excedencia "que le fue tácitamente concedida y que permanecía en ella", todo ello a pesar de que en fechas anteriores la misma fundación denegó su reingreso.
Ello, según el TSJA, "supuso o que hubo un despido o que se negaba toda relación laboral con la misma, sin que Castaño hubiera accionado, y sin embargo se le reconoce por la fundación, previo informe de su secretario, que estaba en 'excedencia tácita', figura inexistente en el ordenamiento jurídico". Además, como señala la sentencia, "pocas fechas después se inicia el ERE de la fundación, no sin que antes el presidente de la fundación, Alfredo Sánchez Monteseirín, ordenase la reincorporación" de Castaño a la fundación, "dando cumplimiento a tal orden el gerente de tal ente instrumental".
DE NUEVO MONTESEIRÍN
Lo cierto es que la sala de lo Social del TSJA dio traslado de la sentencia al juzgado de guardia porque "los hechos relatados pueden ser constitutivos de delito de tráfico de influencias y prevaricación de los que serían presuntos autores el señor Monteseirín, el demandante y recurrente Domingo Enrique Castaño y el secretario del Patronato de la Fundación en diciembre de 2010".
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