El Juzgado de Instrucción 14 de Sevilla investigará los indicios de posibles delitos de tráfico de influencia y prevaricación que, a juicio de la Sala de lo Social del TSJA, podrían darse en la contratación de Enrique Castaño en la Fundación DeSevilla, contrato realizado por indicación del exalcalde Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), unos días antes del anuncio del ERE de la fundación.
Según ha informado el TSJA, tras la sentencia en la que la Sala de lo Social destimó el recurso de Castaño en la que solicitaba una indemnización mayor como trabajador de la fundación, el tribunal estimó que pudiera haberse producido un delito de tráfico de influencias y prevaricación, “ya que la cobertura legal que se dio a la contratación de Enrique Castaño, por parte del secretario de la Fundación, podría ser ilegal”.
La Sala de lo Social pide que se inicie una investigación penal sobre los hechos y ahora será el Juzgado de Instrucción número 14 de Sevilla quien determine si es este juzgado el que debe instruir o si ya hay otros juzgados en la ciudad que están investigando sobre los acusados en hechos similares y, por tanto, se acumularían los procesos.
El exalcalde Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE) ha rechazado los delitos de tráfico de influencias y prevaricación que aprecia el TSJA respecto a la actuación de Castaño (quien también está implicado en el caso Madeja), y ha apuntado que un informe jurídico avalaba su decisión.
Fuentes del entorno del exalcalde han explicado a Efe que un informe emitido por el secretario jurídico del patronato de la Fundación DeSevilla consideraba que el asesor Domingo Enrique Castaño inició el 16 de septiembre de 2007 el disfrute de un excedencia “que le fue tácitamente concedida y que permanecía en ella”.
Cuando Monteseirín decidió el 26 de mayo del 2011 la vuelta de Castaño a la Fundación, se limitó, como presidente de la entidad, a indicar que “se materializara ese reconocimiento de derecho con la reincorporación” del asesor, han agregado las fuentes.
Por su parte, el actual regidor hispalense, Juan Ignacio Zoido, ha respetado la “decisión” del TSJA y ha manifestado su deseo de que “cuanto antes” se resuelva la investigación judicial, apuntando que estos asuntos “forman parte del pasado y la mejor muestra es que ahora mismo los sevillanos no tienen la corrupción entre sus principales problemas”.
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