La Cámara de Cuentas de Andalucía ha constatado en un informe numerosas irregularidades en el control y gestión de las ayudas del plan de fomento al trabajo autónomo de la Junta entre 2007-2013, y ha alertado de que el 42 % de los pagos (138 millones) están sin justificar.
Este informe ha generado mucha controversia desde su publicación a inicios de este mes, y también ha salpicado a Huelva, pues el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación (Caccin) gestionó estas ayudas durante las convocatorias de 2007 y 2008. Dicho consejo lo presidía entonces, y también lo preside ahora, Antonio Ponce, a su vez, presidente de la Cámara de Comercio de Huelva y de la Federación Onubense de Empresarios.
Según el informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía, al que ha tenido acceso Viva Huelva, hay “diferencias sin conciliar por parte de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, entre los datos proporcionados por ella y los obtenidos por circularización al Caccin”.
Así, especifica que hay una diferencia de 54.700 euros entre la cifra de los pagos contabilizados en el sistema contable de la Junta, 162.377.320 euros, y los cobros percibidos por el Caccin destinados al pago de ayudas concedidas, 162.322.620 euros.
Del mismo modo, el informe también pone el acento en la diferencia de 60.470 euros entre el importe reintegrado por el Caccin a la tesorería del Servicio Andaluz de Empleo (28.249.660 euros) y los reintegros registrados en el sistema de tramitación de expedientes (28.189.190 euros).
El informe también afea al consejo que dirige Ponce por haber recibido compensación económica por las gestión de dichas ayudas para autónomos. Así, indica que el convenio firmado por el presidente del SAE y el Caccin fija su marco jurídico en la previsiones del artículo 15 de la Ley 30/1992, y “por esta vía de encomienda interadministrativa del artículo 15 de la referida ley, no cabía realizar compensación económica alguna al Caccin por la gestión realizada”.
Además, indican que “no se ajusta a las previsiones de la Ley General de Subvenciones el procedimiento sustitutorio del articulado por el SAE, de concesión de subvenciones excepcionales anuales para compensar económicamente al Caccin por la gestión de las ayudas encomendadas mediante el convenio”, que se han traducido en 4,2 millones de euros (4.219.680) entre 2007 y 2009, para cubrir todos los gastos que se generasen por la gestión de las ayudas (costes salariales y de seguridad social, otros costes de personal, dietas y desplazamientos, gastos corrientes, material de oficina y otros bienes consumibles, alquiler de edificios y fotocopiadoras, gastos de mantenimiento, seguros, y otros gastos).
A todo esto hay que sumar que la Cámara de Cuentas ha detectado, además, varias incidencias en la tramitación de estas subvenciones. Por un lado, “no está documentada la publicación en BOJA de las subvenciones correspondientes a 2008 y 2009, y conforme a la Ley General de Subvenciones, todas las subvenciones públicas, cualquiera que sea el procedimiento de concesión y la forma de instrumentación, han de ser publicadas”. Además, “no constan los debidos certificados expedidos por el Caccin sobre la incorporación a su presupuesto, de los pagos relativos al 25% de las subvenciones correspondientes a 2007 y a 2009, incumpliéndose las estipulaciones de la concesión”.
En cuanto a la justificación de los gastos de las subvenciones de 2008 y 2009, “se observan imputaciones en porcentajes distintos en algunos gastos corrientes y entre las nominas del personal contratado y los seguros sociales correspondientes, sin estar documentados los criterios en cada caso”.
Ante la Fiscalía
Por todo ello, la Unión de Empresarios y Profesionales Autónomos de Huelva (Uepah) ha anunciado este lunes que denunciará ante la Fiscalía la actuación del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio.
Así, en la Uepah han recibido con “sorpresa y rabia” este informe, del cual “se desprenden tal número de graves irregularidades que han llevado a la Unión de Autónomos onubenses a denunciar esta actuación ante la Fiscalía para que se depuren las responsabilidades pertinentes”.
“La indignación ante la presunta ilegalidad en la gestión de fondos públicos que debían haberse dirigido a los autónomos andaluces es aún mayor ante el hecho de que a pesar de los cuantiosos fondos públicos, 162 millones de euros, desde esta asociación no se conoce ningún autónomo de Huelva que haya recibido ninguna de estas ayudas y por contra han desaparecido 37.000 autónomos en Andalucía desde el año 2007 lo que indica la mala gestión y los malos resultados de los planes de fomento del empleo autónomo”, han remarcado.
Así las cosas, además de la petición de responsabilidades, desde la Uepah se pide la dimisión de Ponce como presidente del Caccin y “un cambio completo en la cúpula empresarial pues con esta forma de actuar los representantes de los empresarios en Huelva y en Andalucía están perjudicando de forma muy grave la imagen de todos los empresarios, autónomos y pymes”.
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