El Consejo de Gobierno ha dado hoy luz verde al inicio de la tramitación de la nueva Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad, que establece sanciones de hasta 300.000 euros a las "conductas discriminatorias" hacia este colectivo, que representa casi un 10 % de la población andaluza.
La nueva ley, que derogará la normativa vigente de 1999, pretende promover un cambio de perspectiva de las políticas de discapacidad pasando de un enfoque asistencial a otro que prima los derechos de este colectivo, adaptándose a los principios de la Convención de la ONU de los derechos de las personas con discapacidad.
Entre otras medidas, la Junta reservará el 5 % de sus contratos relacionados con servicios como logística, jardinería o lavandería a los centros especiales de empleo de personas con discapacidad, así como un 4 % de las viviendas de protección oficial, y un 3 % de las plazas de los cursos de formación.
La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha dicho en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno que se trata de una ley "más humana", que "favorece" la igualdad de oportunidades y desarrolla medidas para la no discriminación, dirigidas especialmente a los menores y las mujeres, que "se ven doblemente discriminados".
La nueva normativa, que se remitirá al Parlamento en el primer semestre del 2015, obligará a la Junta a elaborar un plan específico de empleo para este colectivo, afectado por una tasa de paro del 43 por ciento.
A la vigente reserva del 7 % de plazas en las ofertas de empleo público, el anteproyecto añade obligaciones específicas de organización y adaptación de estos puestos y de sus dependencias y equipamiento físico.
Entre los derechos regulados en la nueva norma destaca el de la igualdad de oportunidades y no discriminación, que contará con un régimen sancionador autonómico con multas que oscilan entre los 301 euros de las faltas leves a los 300.000 para las muy graves que supongan la prohibición de acceso o la carencia de espacios reservados para personas con discapacidad.
Además, obligará a regular por decreto en el plazo máximo de un año la atención temprana infantil para menores de seis años, de forma que se garantizará la "respuesta integral" a las necesidades de esta población con trastornos de desarrollo o con riesgo de padecerlos, según ha explicado la consejera.
También en el plazo máximo de un año se tendrá que formular el Plan de Acción Integral para las Personas con Discapacidad.
La futura normativa mantendrá la posibilidad de que la Administración autonómica otorgue prestaciones económicas complementarias a las estatales para las personas en situación de necesidad y subvenciones que favorezcan la inclusión social.
En lo que respecta al acceso a la vivienda, se fija una reserva del 4 % en las promociones protegidas para el colectivo de personas con discapacidad, al tiempo que se abre la posibilidad de que estos hogares se diseñen sin distribución en su interior, de manera que sean los adjudicatarios los que los adecúen según sus necesidades.
La ley, que tendrá un impacto económico en los presupuestos de 800 millones de euros al implicar a varias consejerías, obligará a fomentar el diseño de viviendas convertibles, que en cualquier momento pueden adaptarse para las personas con distintas capacidades o funcionalidades.
En materia de educación, se prohíbe que los centros docentes denieguen el acceso a sus servicios o actividades por motivo de discapacidad, y se recoge la obligación de las universidades andaluzas de elaborar un censo específico de alumnos discapacitados y de aprobar un plan especial de accesibilidad a instalaciones.
También se determinarán medidas adicionales a las ya existentes en las normas sanitarias a fin de garantizar el derecho de estas personas a recibir una atención igualitaria.
Para ello, se establece la necesidad de ofrecer formación y protocolos de actuación específicos para los profesionales.
Respecto a la movilidad, se concederá la tarjeta de aparcamiento para personas con discapacidad a vehículos de transporte colectivo y, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la norma, se regulará el uso de los perros de asistencia.
Otra de las novedades es la obligación expresa de desarrollar -vía reglamento- la asistencia personal y la promoción de programas para aquellos que opten por un modo de vida independiente.
Así, si las plazas de los alojamientos accesibles de uso residencial público (tales como hoteles, residencias de estudiantes o albergues) o los espacios adaptados para personas con discapacidad en espectáculos públicos, como teatros o auditorios, se ubican en las zonas más caras, deberán ofrecerse al precio más bajo.
La ley fijará también la obligación de que la Junta regule condiciones de accesibilidad y no discriminación, no sólo respecto a vías públicas, edificaciones o transportes, sino también a bienes y servicios, a espacios naturales y actividades recreativas, culturales y sociales.
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