La diputada autonómica del PP-A por Sevilla Patricia del Pozo ha denunciado este jueves que "el colapso en el sistema judicial es brutal en la provincia", donde hay a día de hoy 138.416 asuntos judiciales pendientes.
En rueda de prensa, Del Pozo ha recordado que hace más de 17 años que se transfirieron las competencias en materia de justicia a la Junta de Andalucía y cada vez este servicio esta "peor en nuestra provincia, donde la administración de justicia ha perdido mucha calidad ya que nunca ha sido una prioridad" para la administración autonómica.
Asimismo, se ha centrado en los juzgados mercantiles uno y dos de Sevilla, donde, según ha indicado, ademas "del colapso de asuntos judiciales, los empleados trabajan en unas condiciones infrahumanas".
Ha detallado que en el año 2013 en estos juzgados hubo 400 demandas judiciales para concursos de acreedores de las que solo se pudieron resolver 100, es decir, 300 asuntos se quedaron pendientes.
Según Del Pozo, desde el último semestre de 2013 hasta septiembre de 2014, se han producido 783 demandas concursales, es decir, se han duplicado en menos de un año, a lo que hay que sumarle el resto de asuntos mercantiles, que son 1.241.
La parlamentaria 'popular' ha asegurado que habría que quintuplicar los señalamientos y cuadruplicar las salas, ya que, de lo contrario, los señalamientos de vistas previstos para el año 2016 se irían a parar al año 2020, "porque a día de hoy es imposible de asumir".
Del Pozo ha recordado que el Gobierno central ha hecho "los deberes y ha cumplido, ya que ha mandado 38 nuevos jueces a Andalucía, 7 de ellos a la provincia de Sevilla para aliviar la carga de trabajo".
La diputada del PP-A ha anunciado la presentación de una proposición no de ley en el Parlamento en relación con la situación de la justicia en la provincia de Sevilla, en la qie se demanda un quinto juez de refuerzo para vistas y enjuiciamientos; la disponibilidad de una segunda sala de vistas para incrementar dos días los señalamientos; la asignación de un funcionario de apoyo más para cada juzgado, y mayor espacio en las oficinas judiciales y una mejor ubicación.
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