Un año después de la sentencia del caso Malaya, gran parte de los empresarios y promotores vinculados con este escándalo de corrupción no ha iniciado los procedimientos para regularizar las construcciones ilegales, según IU.
La coalición de izquierdas responsabiliza a la alcaldesa, de la que dice que no ha mostrado ninguna voluntad política por iniciar los trámites para legalizar las construcciones ilegales, como cobrar las multas o abrir trámites de expropiación de suelos.
IU recuerda que el municipio requiere suelos en los que construir equipamientos públicos de los que carece y que cada vez son menores las inversiones sociales del Gobierno local.
IU pidió en verano un censo en el que se recogieran los bienes y cantidades económicas que correspondían al municipio en virtud de la sentencia del caso Malaya y al que el PP se opuso.
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