El pasado 23 de julio el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas publicó los resultados del nuevo Sistema de Cuentas Públicas Territorializadas correspondientes al año 2011, comúnmente conocidas como “Balanzas Fiscales”.
En su momento la publicación de esta información generó un intenso debate; ahora, con cierta distancia, quizá los datos se vean de forma más tranquila. Para su elaboración se ha utilizado el enfoque carga-beneficio.
El enfoque carga-beneficio persigue valorar los efectos que la actuación de las instituciones del sector público central ocasiona al bienestar de las personas que residen en un determinado territorio. La medición de estos efectos se hace en términos de cambio equivalente en el nivel de renta disponible de esas personas.
En el caso de los ingresos se toma como referencia la minoración de la capacidad de compra ocasionada por la carga fiscal soportada. En el caso de los gastos, el incremento de la capacidad de compra motivado por la recepción de transferencias en efectivo y por el ahorro derivado del consumo gratuito de bienes y servicios públicos.
El saldo resultante trata de medir los efectos redistributivos de las actuaciones del sector público central en cada territorio, tras contabilizar la participación de sus residentes en las cargas y en los beneficios de su actividad financiera.
La provisión de bienes y servicios públicos tiene coste. Por ello el primer motivo que justifica su descentralización es la obtención del coste óptimo, es decir minimizar el coste medio de la provisión de un bien o servicio público. Para conseguirlo se debe optimizar el territorio en el que se suministra y su coste, de forma que se obtengan las máximas economías de escala.
El informe que estamos comentando no hace referencia a esto, pero parece oportuno comentarlo. Las tendencias en algunos de los países más avanzados en el desarrollo de la economía del bienestar van en esta línea. Se estudia cómo obtener provisión de bienes y servicios públicos de manera más eficiente tanto para ahorrar costes como para mejorar su calidad.
Volviendo al informe, el Ministerio expone que supone un esfuerzo de transparencia; así lo dice expresamente y así lo ha expresado el primer autor del informe: Ángel de la Fuente, sin duda gran especialista en la materia. Añade que se trata de un primer informe que será actualizado periódicamente. En éste los datos corresponden al año 2011.
Con la publicación de este tipo de datos el país se anticipa a otros países fiscalmente descentralizados, en lo que se refiere a transparencia en sus cuentas.
Con respecto a los saldos de las llamadas “balanzas” parece oportuno comentar que estos deben estar en consonancia con la renta per cápita disponible de cada territorio. Un sistema tributario europeo basado en la imposición progresiva sobre la renta ha de tener como resultado que aquellos que más ganen tributen más; en consecuencia los territorios en los que se concentran las rentas per cápita más altas deben presentar en estas mediciones saldos negativos y los que tienen menores rentas per cápita saldos positivos.
Es más, existe un principio básico en la descentralización fiscal: la solidaridad. Y en consecuencia, los territorios con menores rentas per cápita disponibles han de tener saldos positivos. Lo contrario sería preocupante.
De hecho en las balanzas hay territorios entre los de las mayores rentas per cápita con saldos positivos. La explicación, la existencia de un régimen especial para esos territorios al margen del régimen común. En los de régimen común esto no ocurre.
En la actualidad las rentas han sufrido un fuerte deterioro debido a la situación económica. Los datos del informe corresponden al año 2011. Ante estas situaciones de emergencia sería muy oportuno tener asegurada la financiación de bienes y servicios básicos que afectan a la equidad y a la cohesión social, como, por ejemplo, la educación.
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