El sector de las fundaciones y asociaciones se va convirtiendo en los últimos tiempos en un agente de desarrollo social, económico y cultural clave porque articula una parte cada vez más significativa de las iniciativas de la sociedad civil. Este tipo de organizaciones forman parte de nuestra vida diaria: muchos colegios, centros médicos y de investigación, museos, universidades, centros asistenciales, etc. están gestionados por entidades sin ánimo de lucro.
Las organizaciones no lucrativas son entidades cuyo fin no es la consecución de un beneficio económico sino el conseguir una finalidad social o comunitaria. No obstante, es innegable que cuanto mayor beneficio obtengan, más podrán trabajar por sus beneficiarios y en definitiva por el desarrollo de una sociedad mejor.
Según los datos de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, 1.336 fundaciones están inscritas en el Registro de Fundaciones de nuestra Comunidad. No obstante, según los datos que tenemos en la Asociación de Fundaciones Andaluzas sólo un 55 por ciento de estas entidades tienen actividad actualmente, el resto no están operativas. En cuanto a asociaciones, Andalucía cuenta con más de 65.000.
A nivel estatal, sólo el Tercer Sector de acción social en España cuenta con más de 400.000 trabajadores remunerados, representa el 1% del PIB nacional y está apoyado por más de tres millones de socios, según el ‘Estudio sobre el presente y futuro del Tercer Sector social en un entorno de crisis’.
Pero estas organizaciones no solo son sociales sino que representan todos los sectores de la sociedad: cultura, investigación, medio ambiente, cooperación al desarrollo, deporte, educación, sanidad, etc. El impacto de estas organizaciones en el desarrollo de la sociedad es difícil de calcular, aunque lo que observamos es que actualmente están atendiendo necesidades y ofreciendo servicios que no están cubiertos por la Administración Pública ni por las empresas privadas.
Sin embargo la crisis económica ha afectado profundamente al sector. Antes del inicio de la crisis, el Tercer Sector vivió una fuerte expansión impulsada fundamentalmente por el crecimiento de la economía. Las subvenciones públicas y las ayudas de las obras sociales se convirtieron en la principal fuente de financiación para estas organizaciones. En este momento esas fuentes prácticamente han desaparecido y con ellas muchas fundaciones y asociaciones que no han sabido diversificar sus ingresos o flexibilizar su organización.
La tendencia en cuanto a la estructura de financiación de estas organizaciones va encaminada hacia la recaudar fondos privados, ya sea de donantes particulares o empresas. En España alrededor de 7,5 millones de personas contribuyeron en el último año con una ONG. Y, aunque el número de españoles que colabora con una ONG ha crecido durante los últimos años -según datos del Informe de la Campaña Somos 2014- todavía queda mucho para llegar a las cifras de Estados Unidos. En el modelo de EEUU, las donaciones privadas se sitúan por encima de los 300.000 millones de dólares anuales, con un 73% de personas físicas frente a un 25% en España.
Para que la colaboración privada aumente y la sociedad asuma ese rol de mecenas, es necesaria una reforma de lo que conocemos como Ley de Mecenazgo. Actualmente, el régimen fiscal permite una deducción de las donaciones del 35% para las empresas y del 25% para las personas. No obstante, este escenario dista mucho del resto de países europeos.
La Asociación de Fundaciones Andaluzas, junto con otras entidades representativas del sector, están solicitando al Gobierno una rotunda reforma de la ley, que suponga una elevación de de los porcentajes de deducción en el IRPF y en el IS y la deducción en la cuota del IRPF del 100% de los donativos que no superen ciertas cuantías, entre otras cuestiones.
Finalmente, es necesario hacer un ejercicio de autocrítica. Para contar con la confianza social, estas organizaciones tienen que ser extremadamente transparentes en su gestión y los patronatos y juntas directivas deben contar con personas cualificadas, comprometidas y que cumplan unos mínimos criterios de buenas prácticas.
En definitiva, cuanto más profesionalizadas estén estas organizaciones mayores beneficios podrán aportar a la sociedad.
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