Acabo de participar como ponente en un seminario sobre los aspectos económicos de la reforma de los gobiernos locales, organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo a través del Centro Ernest Lluch de Barcelona, y aunque ninguna de las ponencias trataba sobre ella sí hubo una preocupación que se suscitó en todas: la planta municipal, la división en microayuntamientos de nuestro sistema local, que hace imposible la aplicación de políticas de racionalización en la gestión o de implantación de servicios con el nivel de exigencia que lleva estar en pleno siglo XXI.
No en vano, según los datos comparados de países de la OCDE y los de nuestro Instituto Nacional de Estadística, Brasil tiene casi tantos Ayuntamientos como Castilla y León, con la diferencia evidente tanto en población como en extensión de ambos territorios. Si nos fijamos en nuestro entorno, la gran mayoría de países de Europa ya fusionaron sus Ayuntamientos en la segunda mitad del siglo XX, reduciéndolos en más del 62 % de media.
El mapa de planta local nos da una foto fija, descartando las ciudades con más de 50.000 habitantes, en la que la media de habitantes por Ayuntamiento es de 2.767, muy por debajo de la media europea que, por regla general y salvo excepciones justificadas, ronda los 5.000 habitantes, y contando con Comunidades como Castilla y León, con una media de 627; Aragón, con 789; y La Rioja, con 972, por citar las más llamativas.
Esto se completa con que el 60 % de los Ayuntamientos no llegan a 1.000 habitantes, el 47,6 % no suman 500 y el 5,8 % ni siquiera juntan 50 vecinos, a lo que hay que sumar 3.721 entidades locales menores, 1.024 mancomunidades, 81 comarcas, además de consorcios, agrupaciones, etcétera, etcétera. Y con estos mimbres no se puede hacer un buen cesto.
Durante el seminario pudimos hablar de dos opciones distintas: una, la mejor vista, sobre todo por los políticos, de mantener la actual estructura, organizándose en mancomunidades, agrupaciones o consorcios, lo que no deja de ser un sistema intermedio de gobierno, o al menos de administración, que no sólo no supone un ahorro en gasto corriente sino que lo aumenta; y la otra, con más adeptos entre los técnicos, de fusión de Ayuntamientos, también con dos opciones: la voluntaria, que es la que prevé la Ley de Racionalización y Sostenibilidad y que ya ha sido puesta en práctica en otros países, como Francia, con un notable fracaso, y la organizada, estructurada y, por lo tanto, forzosa.
Esta última es mi propuesta, pero con un proceso transitorio para que no resulte traumática ante el temor de que pudiera haber problemas por cuestiones de identidad o de vecindad, que creo que serán menos de los que se temen si no se alientan.
Lo que está claro es que ahora vivimos a la sombra de Francia, pero también aquí se están empezando a mover las cosas, por lo que debemos tener presente que no nos van a dejar ser los únicos con este minifundismo municipal, y si no tomamos medidas desde el conocimiento de nuestra idiosincrasia nos las van a tomar desde fuera, y eso sí que será traumático.
En definitiva, de lo que se trata es de que podamos discutir sobre este asunto y otros importantes para el mundo local, lo que llevo proponiendo desde hace más de 2 años y nadie ha recogido el guante, cuando acabamos de sufrir una mal llamada Ley de Racionalización y Sostenibilidad que nos va a traer las peores consecuencias para la autonomía y servicios locales desde la restauración democrática o que ahora se esté proponiendo la elección directa de los alcaldes.
La Administración Local debe ser tenida como lo que es, una Administración Pública, y por lo tanto no estar sometida a estos vaivenes de debates aislados e inconexos y con cierto viso electoralista, sino que se merece una discusión en profundidad sobre cómo debe organizarse, qué tamaño mínimo debe tener, qué debe hacer y cómo debe financiarse. Todo lo demás no será más que un desconocimiento absoluto de la Administración más cercana al ciudadano.
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