La Audiencia Provincial de Sevilla ha ordenado a la juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares que requiera a la Guardia Civil para que haga entrega de forma "inmediata" de las declaraciones tomadas a 13 personas entre exaltos cargos y trabajadores de la Junta de Andalucía y, en concreto, de IFA/IDEA.
En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial critica que "no traer al proceso esas declaraciones policiales, cuya incorporación ya estaba acordada en resolución judicial no dejada sin efecto, no sólo incumple el principio de la publicidad de la instrucción para las partes, al no estar declaradas secretas las diligencias, sino que también puede conculcar el derecho de defensa de los imputados".
Por ello, estima el recurso interpuesto por los exdirectores generales de Presupuestos Buenaventura Aguilera y Antonio Vicente Lozano y por los exdirectores generales de Finanzas del IFA Pablo Millán y Juan Vela y ordena a la juez requerir a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la entrega de estas 13 declaraciones, las cuales "se incorporarán, si aún no lo han sido, de inmediato a las presentes diligencias previas".
En concreto, se trata de las declaraciones prestadas ante la Guardia Civil por los exdirectores generales de IFA/IDEA Francisco Mencía y Miguel Ángel Serrano; por el expresidente del IFA Salvador Durban; por Plácido Domingo Estévez, exjefe de la asesoría jurídica y exsecretario general del IFA; por los exsecretarios generales de IFA/IDEA Francisco José Oyonarte, Miguel Lucena y Antonio Lara; el exdirector de las empresas participadas del IFA Juan Carlos Ollero, o por los propios Pablo Millán y Juan Vela.
"CONTRADICCIÓN" DE ALAYA
En el auto, consultado por Europa Press, el tribunal expresa su "extrañeza" por la "contradicción" en la que "ha incurrido" la magistrada, ya que en la parte dispositiva de un auto dictado el 7 de noviembre de 2013 "ordenaba que se remitieran por la UCO las declaraciones prestadas en esa Unidad de Policía Judicial, conforme a la relación que esta última realizó, mientras que en el auto que se recurre de 7 de febrero de 2014 justifica y santifica la remisión de tan sólo dos de esas 15 declaraciones".
El argumento de que su incorporación no es necesaria hasta que se culmine el atestado que la UCO está confeccionando desde el año 2012" en torno a la agencia IDEA.
Al hilo de ello, explica que en esta causa "tan prolija" se investiga entre otros extremos la comisión de posibles delitos cometidos por altos cargos de la Junta y de IFA/IDEA, "estando ya imputadas personas que han tenido cargos de relevante responsabilidad política y administrativa por su posible participación en dichos delitos".
"En consecuencia, el contenido de esas declaraciones prestadas en sede policial pudieran ser de sumo interés para las defensas de los imputados, quienes a partir del conocimiento del contenido de esas declaraciones podrían solicitar la práctica de nuevas diligencias para contrarrestar los posibles indicios que de esas declaraciones no incorporadas a las presentes diligencias previas pudieran pesar sobre los ya imputados", razona la Audiencia.
SISTEMA "INQUISITORIAL"
A su juicio, "la falta de incorporación de esas reiteradas declaraciones puede conculcar el derecho de defensa que desde la imputación corresponde al denunciando" conforme al artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, razones por las que estima el recurso interpuesto y ordena a la juez Alaya que requiera a la Guardia Civil la entrega "inmediata" de estas 13 declaraciones.
Fuentes del caso consultadas por Europa Press han destacado la importancia del auto dictado por la Audiencia Provincial al entender que "afecta transversalmente a la intervención de la UCO en toda esta causa penal".
Los cuatro exaltos cargos recurrentes reclamaron a la juez Mercedes Alaya la entrega a las partes personadas de todas las declaraciones que se hayan producido ante la Guardia Civil, pues entienden que "la realización de la instrucción a espaldas de las partes resulta más propia de un sistema inquisitorial, que deberíamos suponer erradicado".
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