El secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha mostrado este jueves su "perplejidad" por el hecho de que el Ministerio del Interior haya hecho publica una nota informando de la operación de la Guardia Civil sobre el destino que UGT-A dio a los fondos de formación cuando se trata de un procedimiento sometido a secreto de sumario.
En una rueda de prensa junto a su homólogo de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, en Madrid, el líder sindical ha dicho no poner "en cuestión "la honorabilidad de los guardias civiles" pero ha llamado la atención sobre el proceder del departamento que dirige Jorge Fernández Díaz al informar de la llamada 'Operación Cirene' mientras está bajo secreto sumarial.
Por otro lado, Méndez ha descartado que por el momento se vayan a asumir responsabilidades políticas en UGT-A porque, según ha dicho, "en su día ya se asumieron" y, además, se cometieron cambios en los mecanismos de control. En esa línea, ha dicho que es la "única organización" en la que un secretario general que no tenía ni tiene ninguna imputación dimitió de su cargo para dirimir responsabilidades.
Así, ha insistido en que "lo esencial" en su momento era asumir esas responsabilidades y como ya se hizo, ahora "toca estar a lo que diga el procedimiento judicial abierto", por lo que ha pedido que no se saquen conclusiones "precipitadas".
"Estaremos a la espera de lo que diga el procedimiento judicial porque en este momento aún está en momento de instrucción y hay que esperar a si se abre en su día o no el juicio. No hay nadie sentenciado", ha dicho el responsable de UGT, que no ha querido entrar a valorar las declaraciones de los empresarios que apuntan a que se cambiaban los conceptos de las facturas.
Como dijo este miércoles en A Coruña, Méndez ha recalcado que en UGT "no se concibe, no se conoce y no se toleraría una Caja B y que en la organización "no se concibe que los recursos para la formación se destinen a otro destino, son recursos que se destinan a formación y al abono de los gastos de impartir los cursos", ha subrayado.
CONTRA LA "DESCALIFICACIÓN GENERAL"
En cualquier caso, Méndez ha dicho que "naturalmente" que le "preocupa" que la coincidencia de las supuestas irregularidades en el sindicato en Andalucía pueda afectar a la imagen de la organización, pero ha pedido que no se haga una "descalificación general" contra el sindicato porque, según ha dicho, en la región hay más de 120.000 afiliados.
"La inmensa mayoría de los representantes sindicales y afiliados desarrollan su actividad con "abnegación" para "defender los intereses generales de sus compañeros", ha defendido el líder sindicalista que, también ha pedido que los procedimientos judiciales se "aceleren".
En ese sentido, ha dicho que le consta que el juez instructor de este asunto lleva el proceso "con garantías y celeridad" algo que, según ha reclamado, "debería ser el criterio general".
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