El desempleo, las medidas fiscales adoptadas y los recortes de las prestaciones sociales han aumentado la distancia entre ricos y pobres, lo que ha provocado que el 20 por ciento de las rentas más altas acumulen el 44 por ciento de la riqueza española, según el último informe sobre desigualdad elaborado por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). Solo en lo que llevamos de crisis la desigualdad ha aumentado más de un 10 por ciento, siendo España el país de la OCDE en el que más se ha incrementado la desigualdad durante la crisis.
Por tanto, las medidas que, desde mayo de 2010, han venido adoptando tanto el anterior gobierno como el actual, con la intención de contener el déficit, han incidido directamente en ese crecimiento de las desigualdades, destacando en este sentido las importantes subidas de impuestos indirectos así como el recorte de los gastos sociales. Podemos decir sin equivocarnos que dichas medidas han supuesto un mayor gravamen para las clases medias y las más desfavorecidas, no repartiéndose, por tanto, de forma equitativa el esfuerzo exigido a los ciudadanos con la finalidad de remontar la crisis.
Y esto ha influido directamente en el aumento de las personas por debajo del umbral de pobreza, que perciben poco menos del salario mínimo interprofesional (SMI), es decir, 645,3 euros brutos mensuales. Según Gestha, en España hay 9,3 millones de personas en esta situación, de los cuales 2,2 millones residen en Andalucía, conviertiéndose en la comunidad con más pobres de toda España. Solo en esta autonomía el número de pobres se ha incrementado en más de 400.000 personas desde que comenzó la crisis, un incremento del 23,4 por ciento.
Debido a la debilidad del mercado laboral en Andalucía y en el conjunto de España, habrá muchos ciudadanos que todavía tarden en encontrar un empleo e incluso muchos tendrán difícil encontrarlo algún día, por lo que en los últimos tiempos han surgido voces de expertos que ven en la renta básica universal una alternativa a las escasas opciones que el mercado de trabajo ofrece a los desempleados y personas en situación de gran precariedad.
Dadas las peculiaridades de España, la cuantía de esta renta básica debería ser 645,3 euros mensuales, igual que el SMI, pero para analizar su viabilidad habría que hacer un cálculo sobre su coste. Y es en este punto donde la teoría choca con la realidad, ya que el coste de implantarla en España para todos los ciudadanos sería de 361.000 millones de euros anuales, una cantidad que desborda los ingresos tributarios totales.
Sin embargo, otra opción sería la adopción de una renta básica limitada exclusivamente a las personas en riesgo de pobreza (esos 9,3 millones de personas), para lo que se necesitarían más de 72.000 millones de euros anuales, lo que supone casi el 40 por ciento de la recaudación de los impuestos estatales.
Ahora bien, independientemente de si es conveniente o no desde el punto de vista ético, moral e ideológico, si la renta básica no es hoy una alternativa viable, ¿qué podemos hacer para mantener las prestaciones y servicios sociales básicos para de la población?
La respuesta es muy sencilla: combatir el fraude fiscal y la economía sumergida, que representa el 24,6 por ciento de la economía española, unos 253.000 millones de euros. Esto ocasiona unas pérdidas recaudatorias para Hacienda y la Seguridad Social de en torno a 90.000 millones de euros, dinero que podría utilizarse para impulsar y financiar políticas que ayuden a las personas en riesgo de exclusión social.
En consecuencia, son necesarias medidas políticas para revertir esta situación, como una reforma fiscal que dote al sistema de una mayor equidad, haciendo efectivos los principios constitucionales que, según el mandato constitucional, tienen que inspirar nuestro sistema fiscal, de forma que cada uno pague de acuerdo con su capacidad económica, situación que hoy dista mucho de producirse.
Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es
