El Partido Popular andaluz volverá a pedir esta semana a la Junta que impulse "con carácter prioritario y urgente un gran pacto por el empleo en Andalucía que involucre al Gobierno autonómico, a los partidos políticos, a agentes sociales y económicos, a las corporaciones locales andaluzas y al tercer sector" que incluya, además, la "total devolución de los fondos de ayudas o subvenciones que hayan sido fraudulentas o indebidamente percibidas" en cualquier "fraude detectado" en relación a los fondos de formación o a las políticas activas de empleo impulsadas por la Administración regional.
Será el próximo jueves día 12 en el Pleno del Parlamento andaluz, donde defenderá una proposición no de ley con la que también reclamará, entre otros muchos aspectos relacionados con el mencionado pacto por el empleo, "una nueva concertación social y política, más amplia y reformista, al servicio de la transformación de nuestra comunidad".
En esta iniciativa, consultada por Europa Press, los 'populares' solicitan una reforma en la gestión y ejecución por parte de la Junta de las políticas activas de empleo que contemple medidas como la modernización y optimización de los recursos del Servicio Público de Empleo Andaluz (SAE), la actualización y reorientación de los programas vigentes en materia de políticas activas de empleo y la "evaluación rigurosa de las políticas y programas de empleo" que incluya medidas "de ajustes y correctoras".
Pero además, exigen una "gestión eficaz y eficiente en el otorgamiento de ayudas e incentivos al empleo y a empresas, estableciendo procedimientos efectivos y exhaustivos de control y seguimiento" que ayuden a "evitar posibles fraudes" y emprender una "auditoría integral de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y sus entes instrumentales en todos sus programas y líneas de actuación", de manera que se "reorienten sus actividades hacia el logro de resultados, se valoren los cuantiosos fondos públicos gestionados y se dé traslado del resultado de la misma al Parlamento de Andalucía" para "depurar las eventuales responsabilidades políticas que se deriven de la misma".
Respecto a la formación profesional para el empleo, el PP-A exigirá la adopción "con carácter inmediato de las medidas necesarias para corregir las graves irregularidades e incumplimientos puestos de manifiesto en sucesivos informes de fiscalización de la Cámara de Cuentas en relación con la gestión en esta materia y llevar a cabo las actuaciones oportunas a fin de reconducir el importante retraso en materia de evaluación y control de la justificación de gastos de subvenciones, y muy especialmente, agilizar las auditorías internas respecto de la justificación de subvenciones concedidas a la extinta Fundación Andaluza Fondo para la Formación y el Empleo (Faffe)".
También pedirá, según consta en esta proposición no de ley, que se "concluyan urgentemente y sin más demoras los procedimientos administrativos necesarios para exigir la total devolución de los fondos de ayudas o subvenciones que con cargo a fondos públicos hayan sido fraudulentas o indebidamente percibidas y el interés de demora que pudiera corresponder, en relación con el escándalo de las ayudas sociolaborales y a empresas, así como de otros fraudes detectados en materia de formación y de otras políticas activas de empleo, al objeto de destinar esas cantidades a la creación de un fondo social de ayuda a familias sin ingresos y con todos sus miembros en situación de desempleo, vinculado a itinerarios personalizados de inserción".
MEDIDAS PARA PYMES, AUTÓNOMOS, MUJERES Y JÓVENES
Entre otras medidas encaminadas a sectores de población desempleada y a la mejora de la empleabilidad, así como a incentivar la contratación, fomentar el autoempleo y facilitar la necesaria financiación, el PP-A dedica un capítulo a pymes y autónomos, a mujeres, jóvenes y a población en situación de especial vulnerabilidad.
De las relativas a pymes y autónomos destacan las que piden establecer fórmulas flexibles de aplazamiento en el pago de tributos; implantar un programa de parque de alquiler de naves industriales y locales comerciales, mediante la concesión de subvenciones a fondo perdido del 25 por ciento para nuevas actividades o ampliación de negocios con creación de empleo; una nueva orden reguladora de ayudas para el inicio y consolidación de la actividad del trabajo autónomo, o reformar el sistema de fondos reembolsables a fin de hacerlos menos restrictivos y extensivos a todos los sectores productivos y de garantizar la efectiva y rápida canalización del crédito, agilizando el desembolso de la financiación prometida a pymes y autónomos.
El PP-A también apuesta en este campo por impulsar las líneas de avales y microcréditos, por garantizar de manera urgente el pago de las facturas pendientes de cobro estableciendo un calendario de pagos cierto y riguroso, por eliminar trabas a emprendedores y por promover medidas efectivas de lucha contra el fraude fiscal y la economía irregular, a fin de garantizar la equidad y la competencia en igualdad de condiciones.
En materia de empleo juvenil, los 'populares' piden aprobar un plan urgente para el fomento del empleo joven que complemente la Estrategia del Emprendimiento aprobada por el Gobierno de España; incentivar de manera excepcional los contratos de duración determinada de jóvenes menores de 25 años que no estudian ni trabajan por un periodo mínimo de seis meses y con una cuantía en pago único equivalente al 50 por ciento del salario mínimo interprofesional durante un máximo de un año; o poner en marcha un programa de 'Crédito Emprendedor Joven' para impulsar líneas de crédito y financiación para jóvenes emprendedores.
Para fomentar el empleo femenino, el PP-A propone aprobar nuevos incentivos a la contratación de mujeres "favoreciendo criterios de discriminación positiva"; implementar acciones destinadas a colectivos de mujeres desempleadas con especiales dificultades como las víctimas de violencia de género o discapacitadas; desarrollar mecanismos que garanticen la igualdad salarial entre hombres y mujeres; la implantación de planes de igualdad en las empresas y en el sector público o aprobar en este ejercicio un programa que facilite la conciliación de la vida laboral y familiar con ayudas como deducciones fiscales para madres trabajadoras por cada hijo menor de cinco años, así como por el cuidado de personas dependientes.
Para los colectivos de personas desempleadas con especiales dificultades, los 'populares' piden una política de fomento de empresas de inserción para la promoción de la inclusión sociolaboral de personas en riesgo de exclusión o con discapacidad, al tiempo que promueven un nuevo sistema de ayudas a la contratación para combatir la precariedad y la elevada tasa de temporalidad laboral en Andalucía, haciéndolos extensivos a todos los colectivos y sectores de actividad.
REACTIVAR LA CONSTRUCCIÓN Y CONTROLAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Este "gran pacto por el empleo" que exige el PP-A a la Junta también contempla que los grupos políticos con representación parlamentaria y los agentes sociales y económicos sean informados trimestralmente de la evolución de los planes de empleo que estén en funcionamiento con informe detallado de la ejecución presupuestaria y con posibles medidas correctoras que, en su caso, se hubieran necesitado.
Igualmente, los 'populares' quieren que las partidas aprobadas en el Presupuesto de la Comunidad destinadas a políticas activas de empleo sean ejecutadas en su totalidad al cierre de cada ejercicio presupuestario, "evitando la mala gestión que supone la inejecución de los presupuestos aprobados y que de facto supone un recorte encubierto de dichas políticas", así como las partidas destinadas a los sectores productivos para el desarrollo económico, el fomento empresarial y la I+D+i.
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