La diputada del PP-A Esperanza Oña ha acusado este jueves a la Junta de Andalucía de elaborar normas y órdenes "para disimular la corrupción" y la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, la ha animado a ir "a los tribunales" si de verdad cree que eso ocurre en la Administración andaluza.
"No vamos a consentir desde este grupo político es que usted gratuitamente nos acuse, porque es un delito, de aparentar legalidad para favorecer actos delictivos. Si usted conoce de que algún miembro de la Administración o del PSOE-A ha aparentado legalidad para cometer delito, váyanse ustedes a los tribunales", ha contestado visiblemente molesta Montero a Oña, que minutos antes la interpelaba en el Pleno del Parlamento sobre las medidas de control puestas en marcha por la Junta para las transferencias de financiación y aseguraba que el Gobierno andaluz ha hecho "órdenes" al respecto "no con ninguna buena intención sino con la de disimular y aparentar" que se lucha contra la corrupción.
A pesar de que la consejera ha asegurado que se ha producido "una mejora sustancial" y un "avance importante" en el control de dichas transferencias gracias a la orden de la Junta por la que se "regularon mecanismos adicionales" de vigilancia en la fiscalización de las mismas, Oña ha negado esta mejora y considerado que esta orden "es débil, frágil y vulnerable" porque no está realizada "para evitar la corrupción" sino para "disimularla".
Por ello, ha preguntado a Montero por qué el Gobierno autonómico "siempre intenta disimular la corrupción en vez de descubrirla" y "taparla en vez de evidenciarla". "¿Por qué intentan engañarnos con una orden que no va a servir de nada? ¿Por qué han tardado tres años en hacerla? Debe ser que no quieren impedir la corrupción", ha sentenciado.
PP-A EXIGE LA DIMISIÓN DE ÁLVAREZ
Además, y en este contexto, Oña ha querido recordar que la Audiencia Provincial de Sevilla ha ratificado la imputación de la exconsejera del Gobierno andaluz y vicepresidenta del BEI, Magdalena Álvarez, al considerar que "pudo haber sido la diseñadora de un plan de transferencias de financiación para malversar millones de euros de fondos públicos", por lo que también ha exigido a Montero que aclare cuál es la postura del Ejecutivo andaluz al respecto.
"¿Cree usted que esta señora, consejera diez años del PSOE-A, debe dimitir? ¿La presidenta de la Junta cree que debe dimitir en aras a esa transparencia de la que presume pero que no se ve en ningún sitio? ¿Cuál es la opinión del Gobierno en cuanto a esta ratificación de la imputación?", ha preguntado a Montero tras afearle que la Junta, en lugar de colaborar con la justicia en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, se haya dedicado a "arremeter" contra la juez instructora diciendo que "quiere perjudicar al PSOE" y refiriéndose a ella "como un problema para la democracia".
Tras insistir en que "la justicia tiene en jaque" al Gobierno andaluz, Oña ha asegurado que la ratificación de la imputación Álvarez no sólo apunta a que Álvarez "puede ser la inventora de un plan perverso sino porque toda la cúpula del PSOE-A ha protegido ese plan perverso durante más de diez años permitiendo que los fondos de todos los andaluces se vayan a los amigos del PSOE y a falsos jubilados".
MONTERO LE REPROCHA LA GÜRTEL DE JEREZ
Ante ello, Montero ha exigido a Oña "seriedad" a la hora de hablar de investigaciones judiciales sobre casos de corrupción porque, de lo contrario, también se podría deducir que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, debería dimitir cuando el "juez Ruz dice que se confirman a nivel indiciario la existencia en el seno del PP de una corriente de cobros y pagos continuada en el tiempo al margen de la contabilidad".
En esta línea, Montero también ha preguntado a Oña si, por esta misma razón, la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo (PP), debería dimitir cuando la justicia dice sobre "la trama Gürtel de Jerez que las invitaciones realizadas por el Ayuntamiento a Francisco Correa denota la voluntad manifiesta de la alcaldesa de justificar y adjudicar los expedientes".
"Señora Oña, no. Tenemos que ser serios y con la justicia tenemos que intentar colaborar con los juzgados para que hagan su trabajo. Mientras ellos no terminen su trabajo, la delicadeza a la ora de afrontar estas cuestiones debe presidir la actuación del Gobierno. Y si piensan que por esas referencias que se producen en los autos se tendrían que provocar dimisiones, tomen nota en el caso del señor Rajoy y de la señora García Pelayo", ha concluido.
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