Hace pocos días, la Fundación Foessa ha hecho público un nuevo documento de análisis de la situación social de nuestro país, como anticipo del séptimo informe “histórico”, que será presentado el próximo mes de octubre.
Las duras conclusiones del documento no han pasado desapercibidas ante la opinión pública, provocando, incluso, reacciones tan contrariadas como la del ministro de Hacienda y Administraciones públicas, Cristóbal Montoro, que prácticamente ha llegado a requerir el silencio de Cáritas, como si el silencio de la institución ante la realidad pudiese otorgar un plus de credibilidad a la labor de ayuda a las personas que desarrollan sus voluntarios.
“¡Ay de mí, madre mía, que me engendraste para ser hombre de pleitos y contiendas con todo el mundo!”, clama el profeta. La Fundación Foessa , que próximamente cumplirá 50 años, fue fundada por Cáritas precisamente para esto: para no permanecer callada, documentando y situando su voz -lejos siempre de cualquier interés partidista, cerca siempre de los que sufren y tomando partido por ellos- en una sintonía de denuncia y de anuncio. Algo sentido por cada uno de nosotros como una dimensión irrenunciable e inseparable de nuestra labor de ayuda, que se exige en la gratuidad y en la universalidad, pero no se complace en el silencio, sino en la justicia.
El documento de Foessa , titulado “Precariedad y cohesión social en España”, ofrece ciertamente, a seis años del inicio de la crisis económica, una amarga visión de la realidad social española, junto con unas preocupantes perspectivas sobre su evolución.
En el mismo, los expertos alertan del doble proceso de empobrecimiento que somete a la sociedad española, con una caída de rentas y un aumento de la desigualdad que han provocado que los hogares sin ingresos hayan pasado de 300.000 a casi 700.000 desde 2007, y que existan hoy en nuestro país 5 millones de personas afectadas por la exclusión severa.
El documento, en el que no se rehúsa hablar de “fractura social” para referirse a la situación, denuncia asimismo la restricción progresiva de los derechos sociales, que sigue avanzando por la senda de los recortes de bienes básicos, la pérdida de intensidad protectora de las prestaciones sociales y la creciente exclusión de grupos de población de algunos servicios básicos: un proceso de “pobreza creciente y derechos menguantes” que amenaza con consolidar la segregación en el acceso a derechos básicos.
Las conclusiones de Foessa se ven respaldadas por los primeros avances de la Memoria 2013 de Cáritas Sevilla, según los cuales el número de familias atendidas en las parroquias se habría mantenido, en conjunto, en un número aproximado al del año anterior, moderándose el incremento desorbitado que se sucede desde 2007.
Sin embargo, frente a este hecho, que refrendaría el “mensaje para supervivientes” de que “la crisis ha terminado”, las primeras estimaciones reflejan también el incremento, un año más, de las demandas de ayuda en bienes de primera necesidad, como prueba de la intensificación y la cronificación de la situación de pobreza, dramática incluso, de miles de familias.
Estas familias no pueden esperar a que la reactivación de una economía contracíclica, generadora de desigualdad en fases de contracción e incapaz de recortarla en fases de crecimiento, comience, “quizás”, a repercutir beneficios “dentro de unos años”.
La cronificación de la precariedad y la pobreza, especialmente las de la familias aprisionadas bajo las condiciones del paro de larga duración y la insuficiencia de la protección social, constituyen hoy factores de ruptura de la cohesión social que amenazan con varar nuestro perspectivas de desarrollo en los efectos provocados por la crisis. Frente a ellos no es posible esperar más sin adoptar medidas redistributivas y un sistema de garantía de rentas básicas que impulsen verdaderos procesos de integración y cohesión social.
Ésta es la opción de Caritas, que reafirma su compromiso de servicio a las familias empobrecidas por la crisis, pero reclama una “salida de la crisis” para todos, en la que nadie quede abandonado a su suerte y a la injusticia, y un modelo de desarrollo en el que la persona y su dignidad ocupen el lugar central de todas las prioridades.
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