Toñi es de Puerto Real y busca a su hermano nacido en 1983 en el Hospital Puerta del Mar, antiguo Zamacola. “Supuestamente era un varón, aunque durante todo el embarazo dijeron que era una niña” y nació muerto, aunque nadie de la familia vio el cuerpo. “A mi padre se lo impidieron diciéndole que era lo mejor, que le iba a quedar muy mal recuerdo, es igual que a otros muchos familiares”.
¿Qué le hace pensar que no le decían la verdad? “Las contradicciones en los documentos. Unos dicen que falleció por acondroplasia, en otros ponen que fue por asfixia y cada uno dice una cosa. No tenemos nada claro porque los mismos documentos dicen cosas diferentes. El médico informó a mi padre verbalmente de que el niño murió a la media hora y en los informes aparece que el niño falleció a las tres horas y media. Son muchas contraindicaciones que nos hacen dudar, y dudar bastante. Yo a mi hermano no lo busco muerto, lo busco vivo”.
Otra mujer, en este caso de San Fernando, busca a su hijo al que dio a luz en el Puerta del Mar pero en los papeles dicen que lo hizo en El Puerto de Santa María. “Eso es lo único que sé. Mi hijo no aparece en ningún legado, ni como aborto, ni de nacimiento ni ningún papel como que yo he dado a luz. Nada de nada”.
No hay documento. Fue para hacerse una cesárea por el bebé pesaba seis kilos. “Me dejaron en un cuarto y cuando me di cuenta ya estaba el niño fuera y cuando les pedí que me dejaran para darle un besó me dijeron que para qué, si el niño estaba muerto”.
Ella no se lo cree porque “vi que le sacaban la balsita, le peinaban el pelo porque lo tenía enrizaíto, enrizaíto, empezaron a valorar lo que el niño era y la comadrona le dijo que se lo llevaran que el niño estaba muerto. No pude coger a mi hijo y darle un beso”.
Ni siquiera un certificado de defunción. “A mí no me dieron nada, ni un papel como que había ingresado ni un papel como que había dado a luz. Absolutamente nada. Lo único que tengo es el papel del cementerio diciendo que lo habían enterrado el día 6 y mi padre fue a los seis o siete día a preguntar y me dijeron que lo había enterrado con una pierna que le había cortado a un hombre. Mi padre siguió insistiendo y tres días después le enseñaron un niño a mi padre”.
¿Cómo sabía que aquel no era su nieto? “Porque ni hijo pesaba seis kilos y a él lo que le enseñaron fue una cosa muy pequeñita liada en un trapo blanco y desde lejos, desde cinco o seis metros”.
El caso, como otros mucho, se denunció en Cádiz, en Cádiz, en la Unión Europea y está aceptada la demanda.
A Bruselas
Estos son sólo dos casos de los aproximadamente 500 que se registran en las provincias de Cádiz y Huelva, las únicas que se han movido por esclarecer las dudas sobre el destino de los niños. La Asociación SAS Bebés robados Cádiz, con sede en San Fernando y asistida por el letrado Alberto Prián Carrillo, presentó este jueves una queja ante el Parlamento Europeo contra el Gobierno de España, al considerar que no se están investigando convenientemente las denuncias presentadas en los juzgados españoles.
“Quienes conforman la Asociación, han sido víctimas del tráfico de seres humanos que comenzó en el régimen anterior y ha continuado en democracia hasta nuestros días, al haber sufrido el presunto “robo o sustracción” de sus hijos o hermanos recién nacidos en Hospitales y Clínicas tanto públicos como privados de Cádiz. Es necesario recalcar que los asuntos de bebés robados han tenido en la provincia de Cádiz una repercusión, en porcentaje al número de ciudadanos, de las más altas de todo el territorio español”, dicen en el texto enviado a Bruselas.
Quienes conforman la Asociación, han sido víctimas del tráfico de seres humanos que comenzó en el régimen anterior y ha continuado en democracia hasta nuestros días, al haber sufrido el presunto “robo o sustracción” de sus hijos o hermanos recién nacidos en Hospitales y Clínicas tanto públicos como privados de Cádiz. Es necesario recalcar que los asuntos de bebés robados han tenido en la provincia de Cádiz una repercusión, en porcentaje al número de ciudadanos, de las más altas de todo el territorio español.
La queja que firma la presidenta de la asociación, María del Rosario Herrera González, incide en que ante la interposición de las correspondientes denuncias de “la práctica totalidad de nuestros asociados, ha quedado patente el desinterés absoluto del Estado español en el asunto, a pesar de existir pruebas contundentes en unos casos, e indicios en otros, de la comisión de los delitos que se denuncian, lo que está haciendo con absoluta indiferencia al derecho a la tutela judicial efectiva y a la indefensión de máximo nivel que pudiera producirse a los denunciantes”.
Entre las causas que la plataforma considera que provocan esta “indefensión” estaría la “enorme responsabilidad patrimonial” que para el Estado español puede derivar del reconocimiento de la comisión de “delitos de lesa humanidad, cual es el robo masivo de niños en Hospitales Públicos en nuestro país”.
Ello sin perjuicio de que los hechos encajan perfectamente en otros tipos del Código Penal Español y demás leyes penales internacionales, como la detención ilegal, la sustitución de un niño por otro, la alteración de la paternidad, la exposición de menores, etc. No en vano en España han sido condenadas algunas Administraciones a pagar varios millones de euros por negligencias que han dado lugar al cambio de un niño por otro.
Otro detalle que apuntan es “la relación de parentesco de hasta primer grado de médicos y otros sanitarios implicados en estos crímenes atroces, con políticos de primera fila de nuestro país. No hay más que dar una ojeada a la prensa española para poder comprobar que ello es así”.
En el casi centenar de denuncias que se han presentado en los Tribunales de la ciudad de Cádiz, se está negando sistemáticamente la documentación a afectados y Asociaciones por parte de las Administraciones competentes, bien no entregando la misma, bien entregándola incompleta, bien alegando estar destruida por incendios, inundaciones, etc, dice el abogado de la asociación, Alberto Prián.
“Otra prueba que demuestra palmariamente el desinterés del Estado español, es que de las varias decenas de reencuentros producidos hasta el momento, todos ellos gracias a la investigación de los particulares, ninguno por la Justicia española, tras ninguno de ellos, ha intervenido el Ministerio Fiscal, a pesar de ser delitos perseguibles de oficio, olvidando que aunque los familiares hayan decidido no denunciar, el perdón del ofendido o víctima, no extingue la responsabilidad penal”.
El parón
Aunque los responsables de SOS Bebés robados reconocen que se han dado pasos hacie adelante con la inhumación de algunos cadáveres, recientemente se ha producido una unificación de doctrina que ha frenado el proceso. El Ministerio de Justicia español “obstaculiza” la libre investigación de los procedimientos, mediante el archivo masivo de la práctica totalidad de las denuncias sobre “robo de niños”,.
Para el abogado y la asociación, “no es de recibo que la única investigación realizada por la justicia española, se remita únicamente a solicitar documentación a los centros y personal sanitario, sobre los que planea la sombra de estos terribles delitos, dando por válidas, en un acto de fe incondicional, sus respuestas evasivas y ajenas a cualquier tipo de colaboración con la Justicia, sin ni tan siquiera llamar a declarar a las víctimas, lo que supone prácticamente una nula investigación, y se ordene abrir cuantos Registros públicos sean necesarios para la obtención de los datos que al ciudadano pertenecen”.
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