Figueroa, que fue ayer elegido nuevo presidente de CEACOP (cuenta con 300 empresas asociadas), pidió también a las administraciones que cumplan los plazos de pago para no crear más problemas de tesorería a las empresas de construcción y consultoría.
Según explicó, los ayuntamientos y las diputaciones son las administraciones que peor pagan a las empresas, mientras que la Junta no tanto.
No obstante, señaló que la deuda total es elevada (la cifra varía entre 1.300 y 2.300 millones en función de los distintos organismos) y de hecho el veinte por ciento del endeudamiento de las constructoras proviene de los ayuntamientos y de organismos de este tipo, apuntó.
En este terreno incluyó también a las empresas públicas y alertó de que hay problemas para que las entidades financieras adelanten los pagarés con cargo a las sociedades públicas.
Denunció que el dinero que el gobierno ha inyectado a la banca no ha llegado a las empresas de la construcción y abogó por "presionar" a las administraciones para que los avales que han concedido "se transmitan de verdad a las empresas".
Figueroa, que fue presidente de Gea-21 y director general de la empresa onubense Rafael Morales, consideró que el Plan E del Gobierno y el Proteja de la Junta son "pan para hoy y hambre para mañana", si bien opinó que son necesarios en esta coyuntura.
En este sentido, demandó a las administraciones que cumplan los plazos de pago de ambos planes y ha pedido también que "cambien el chip" y agilicen los trámites burocráticos para que no se acumulen los proyectos cuando haya que liquidar el último treinta por ciento al finalizar las obras ejecutadas.
Los efectos de los planes extraordinarios del Estado y de la Junta
Los efectos del fondo de inversión local, dotado con 8.000 millones en España y conocido como plan E, se empezarán a notar en mayo y confió en que ambos planes "alivien" un poco la situación del sector de la construcción.
El presidente de CEACOP se refirió también a la vieja reivindicación de esta organización para primar a las empresas andaluzas en las licitaciones de infraestructuras públicas en esta región y ha señalado que con la Junta se está logrando bastante en ese terreno, si bien algunas consejerías parecen "sordas y mudas".
A este respecto criticó que el gobierno central sólo contrata con empresas andaluzas el veinte por ciento de las obras que realiza en Andalucía.
Denunció también el excesivo tiempo que transcurre desde que se adjudica una obra hasta que empieza, en torno a un año en algunos casos, y pronostucó que el adelanto de la licitación por parte de la Junta en 2009 se empezará a notar en el mes de junio.
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