El Juzgado que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía ha decretado el embargo de una segunda finca perteneciente a la Federación de Industria de CCOO y ubicada en Madrid tras ser declarada responsable civil subsidiaria de la fianza de 593.306,96 euros impuesta de manera solidaria al secretario general de la Federación de Industria de CCOO en Sevilla, Juan Antonio Caravaca, y a su homólogo a nivel andaluz, Enrique Manuel Jiménez.
El pasado 7 de febrero, la juez Mercedes Alaya impuso a ambos imputados una fianza de responsabilidad civil de 593.306,96 euros a la que debían hacer frente con carácter solidario y declaró a la Federación de Industria de CCOO responsable subsidiaria de dicha cantidad, dándole un plazo de diez días para que designara bienes de su propiedad sobre los que trabar embargo, tras lo que la federación designó su sede en el número 11 de la calle Manuel Cortina de Madrid.
Por medio de un decreto dictado el 18 de marzo, al que ha tenido acceso Europa Press, la secretaria del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla acuerda el embargo de la finca designada por la Federación de Industria de CCOO "en cantidad suficiente hasta cubrir" la cantidad de 593.306,96 euros correspondiente a la fianza civil impuesta.
En un escrito elevado al Juzgado, consultado por Europa Press, el abogado de la federación referida explica que la finca ahora embargada está valorada en compra realizada en 2005 en un importe de más de 600.000 euros "por ser enclave urbanístico en la ciudad de Madrid, situada entre el Paseo de la Castellana y calle Sagasta".
El letrado, asimismo, advierte de que "no debe confundirse esta finca con la ya puesta en aval" para cubrir la fianza civil de 471.352 euros impuesta al exsecretario general de la federación en Andalucía Manuel Roberto Carmona Soto, todo ello "al ser finca independiente aunque en el mismo edificio".
De este modo, son ya dos las fincas ubicadas en Madrid que la juez Alaya ha embargado a la Federación de Industria de CCOO, antes denominada Federación Minerometalúrgica, para hacer frente a las fianzas civiles impuestas a sindicalistas imputados en la causa.
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