Aún a riesgo de decepcionar a quienes por aquí husmean para satisfacer sus ansias de conocimiento y que curiosos acuden en la idea de a ver qué cuenta este tipo, o tipejo según para cada quién, que lo sé, hoy, porque es apropiado no cansar con lo mismo y por ello es bueno abonar con diversidad, relataré el cómo está afectando todo lo que a diario muestran los telediarios en el funcionamiento interno de la administración pública, las consecuencias que ello pueden provocar y, una vez más, la cortina de humo instalada en torno a un ciudadano que con sus impuestos financia el sistema pero que vive en medio de una niebla que no le permite ver más allá de sus narices. Lo sé. De verdad que lo sé. A mí mismo me lo repito casi a diario: debes ser más positivo, ver las cosas de otro modo, valorar también lo mucho bueno que se hace o, al menos, se pretende, el trabajo de aquellos a quien conoces y sabes se esfuerzan a diario, no pensar que vives en un cuento donde se juntan todos los personajes que hacen de malos en todos los cuentos y, por ejemplo, Cenicienta, depravada, termina a lo Sabina violando al príncipe encantado, pero es que busco la fe, escucho atento la palabra divina a diario en espacios informativos desde los diferentes púlpitos políticos y, tras pensarlo sereno, no lo veo. Sinceramente que no lo veo. Seré yo, quizás.
La cadena. En los últimos meses son muchos los ciudadanos que están sufriendo un retraso en la resolución de sus peticiones ante la administración pública y, con el parapeto de que la crisis es la culpable de todo, no se profundiza en las razones reales de lo que se puede considerar como un parón administrativo en toda regla. El engranaje de las administraciones públicas es como el de cualquier fábrica: los políticos marcan las actuaciones a seguir, los directivos trasladan estas órdenes y organizan, un grupo de técnicos dan cobertura legal con sus informes o con sus firmas en los diversos documentos y otros tienen las funciones de fiscalizar que el expediente cumple con la legalidad; luego está el cuerpo de administrativos que hacen el trabajo burocrático, ejecutan los acuerdos y atienden al público para, finalmente, ser los operarios los que realizan tareas de oficios. Esto es la máquina de la administración, todos sus integrantes necesarios, aunque unos juegan un papel más decisivo que otros y, sobre todo, como en cualquier cadena de producción, de todos depende que se produzca lo que hay que producir en tiempo, cantidad y calidad. El político lo sabe, como también sabe que si no cuenta con la colaboración de los que de una u otra forma han de apoyar la legalidad de sus decisiones, su gestión será nula o pésima y su carrera política, posiblemente, corta. Para algunos es mejor rodearse de complacientes que de profesionales.
La impunidad. Ocurre que el que firma paga y si una decisión política no ha sido muy ortodoxa y termina ante los tribunales, los técnicos que le dieron apoyo tienen todas las papeletas de la rifa, todas, para ser imputados. No hay nada más que poner en Google “técnicos imputados” y aparecen, nada menos, que 4.510.000 resultados. En cada caso aparecen más técnicos que políticos, muchas veces su participación fue inmaculada, pero el político siempre basa su primera defensa en el trabajo del técnico, otras es un exceso de dar gusto al jefe; otras pura corrupción y, en algunos, la osadía de la ignorancia o la ambición de progresar profesionalmente a costa de lo que sea, pero en todos influyó esa sensación de impunidad que se respiraba en el ambiente de que nunca pasaba nada y, encima, el que osaba advertir o se negaba a dar facilidades era apartado no por incompetente sino por pejiguera. Nadie imaginó que vendrían estos tiempos de crisis y nadie previó que cuando la sequía imperara aflorarían los empachos del pasado y los ciudadanos, con cada recorte, necesitan el alivio del pago del culpable. Sólo el político sensato sabe lo importante que es tener un asesor que sepa decirle que no a tiempo, el insensato prefiere a un palmero mientras no le aceche la sombra de la justicia.
La desmotivación. Los empleados públicos, con su sueldo fijo pagado con los impuestos de todos, siempre han estado en el punto de mira de los ciudadanos, con el lastre de la fama de vagos y vividores. Varios años de congelación salarial, bajada general de sueldos, despidos de muchos laborales y eliminación de la paga extraordinaria -algunos economistas mantienen que reducir el nivel de vida de los tres millones de empleados públicos ha incidido en la bajada del consumo porque su estabilidad laboral les hacía consumir con alegría-; pero el efecto interno es que se ha provocado la desmotivación general del gremio, sobre todo de los que antes eran rápidos y eficaces en su gestión y que ahora han sido tratados igual que el que no lo era. Por si fuera poco, el ya conocido compromiso de Rajoy y Montoro ante la UE de conseguir 39.000 millones en reducción de gastos llevó a incluir entre sus medidas la restructuración del sector público, fundamentalmente suprimir sociedades, crear agencias públicas, gestionar directamente o privatizar, según los casos, son las medidas comunes en todos los Planes de Restructuración que han venido aprobando la administración central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. En la Junta, la ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector público de Andalucía comienza su exposición de motivos así: “La Junta de Andalucía, con la finalidad de acomodar el sector público andaluz a las nuevas circunstancias económicas y financieras, ha llevado a cabo una serie de medidas que tenían como objetivo básico mejorar la gestión, la calidad en la prestación de los distintos servicios públicos y el desarrollo de las funciones que les son propias a las Consejerías”; en su consecuencia, en 2011 se crearon 14 agencias públicas empresariales que asumieron funciones de sociedades mercantiles, de otras entidades públicas e incluso de las propias Consejerías. Transcurrido dos años, no se conoce el verdadero ahorro que ha producido este trasvase a mogollón de funciones y de personal, pero sí se ha constatado que en bastantes casos los cambios de funciones y personas no de forma individual y puntual sino de forma radical y conjunta provocan el necesario aprendizaje y engranaje, además del común rechazo inicial al cambio y, entre tanto, el servicio se ralentiza.
Más caro y peor. Si antes lo habitual era elaborar los expedientes administrativos por el procedimiento de urgencia y todos los técnicos intervinientes se ponían las pilas para que en pocos días la cosa estuviera resuelta porque "nunca pasaba nada", hoy hemos pasado al reverso del lado oscuro y para que administrativamente se pueda comprar, por ejemplo, una estantería de cien euros hay que montar un expediente de 40 folios con informes cruzados y diversos y al final encontrar, si hay suerte, a un técnico dispuesto a que lo firme, cosa que no viene siendo nada fácil. Y no lo es porque, en este caso, el manejador del firmante bolígrafo vio el telediario del día anterior y coloca el expediente en cuestión en la misma montaña de expedientes pendientes de firma, y solicita un nuevo informe que avale la compra de la estantería, esta vez jurídico, el cual a su vez requiere de un informe técnico y económico que avalen, a su vez, otros informes cruzados entre sí. La Junta de Andalucía, dentro lo saben bien, está casi paralizada a consecuencia de todo esto, no se mueve un papel porque nadie está dispuesto a jugarse el pellejo con la que está cayendo, y esto mismo sucede en buena parte de la instituciones públicas hoy, los expedientes se eternizan, los técnicos se ponen de perfil porque hay desmotivación general cruzada con temor a los tribunales y los responsables de fiscalizar la legalidad de las propuestas pasan los documentos por rayos x antes de estampar su firma, si es que llegan a estamparla. Y cuando se consiguen todos los informes y firmas, si se llegan a conseguir, luego queda materializarlo por el resto de empleados que hace dos años decidieron que no merece la pena ser diligente si luego no se premia el esfuerzo. Al final, todo esto deriva en el empeoramiento del servicio que se presta al ciudadano financiador, usted, yo mismo, y que sufre cómo su expediente duerme el sueño de los justos, ve perjudicando su interés y, encima, cada día paga más impuestos para recibir un servicio peor, solo hay que analizarlo con un poco de perspectiva para darse cuenta que es así de categórico. Hoy todo es mucho más caro y peor. Y la culpa dirán es de la crisis, como todo, pero no todo es por culpa de la crisis. Eso sí, teóricamente ahora somos transparentes.
Transparencia. Una vez aprobado el proyecto por el Consejo de Gobierno de la Ley de Transparencia sería bueno, diría yo e insisto en esto, que la Junta respondiera a los exactamente 500 andaluces que, según el consejero de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, presentaron alegaciones y de las cuales, dijo, han sido admitidas el 21 por ciento, o sea 110. Yo fui uno de ellos y, de momento, solo he recibido a cambio un sonoro y feo, feísimo, silencio administrativo, que es la antítesis a lo que entiendo se pretende con esta Ley. Voy a terminar por pensar que no encuentran un pobre técnico dispuesto a firmar un escrito para responder a este caminante ciudadano y, añado y sentencio, resulta lastimoso desaprovechar esta magnífica oportunidad para disipar la niebla y comenzar a ser la leche de transparentes.
No lo descarto y ya lo he dicho al principio, igual soy yo quien desorientado, confuso y desanimado porque no lo veo estoy degenerando en un ser malicioso y depravado cuya mente compra antes la imagen de Cenicienta calzándose toda loca al incrédulo príncipe azul que esa otra, más tradicional, donde inocente y tierna se ajusta al pie el zapatito de cristal.
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