PSOE-A e IULV-CA defenderán el jueves una proposición no de Ley conjunta en el Pleno del Parlamento en la que se insta a la Junta a demandar al Gobierno la cesión de competencias para la gestión y explotación de la finca la Almoraima, situada en Castellar de la Frontera (Cádiz), o en su defecto la titularidad de la misma con cargo a la deuda contraída por el Estado con Andalucía por el incumplimiento de la disposición adicional tercera del Estatuto, donde se estable que la inversión de la administración central en la comunidad será en función de su nivel de población.
En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, ambos grupos, socios en la Junta, plantean en primer lugar que el Parlamento exprese su rechazo a la decisión del Gobierno central de poner en venta la citada finca, el mayor latifundio del país, situado íntegramente en suelo andaluz.
Aparte de solicitar al Gobierno la cesión de competencias o la titularidad de la finca, abogan por que la Junta abra una línea de colaboración institucional con el Gobierno central, que ayude a la materialización de un Plan de Usos para la finca, que favorezca el desarrollo de actividades y la diversificación productiva en la finca, como transformación de productos agrícolas y forestales de la zona, desarrollo de la agricultura y la ganadería ecológicas, turismo sostenible o energías renovables.
En la exposición de motivos de la iniciativa, señalan que la decisión del Gobierno central de reducir el déficit público vendiendo la finca La Almoraima ha provocado un rechazo generalizado en amplios sectores de la sociedad andaluza.
Lamentan que, a pesar de las reiteradas peticiones de mejora, de los proyectos del Ayuntamiento de Castellar y de empresas que han estado interesados en aprovechar el potencial de la Almoraima e implantar en la finca diversas actividades productivas compatibles con las características del latifundio y de su entorno protegido, el Gobierno Central se ha negado con rotundidad a aceptar cualquier propuesta de mejora para la misma.
Señalan que la intención del Gobierno de volver a poner ese latifundio en manos privadas ha desatado una fuerte contestación social, y un nutrido grupo de organizaciones campogibraltareñas, incluido el Partido Popular de Castellar, se ha constituido en Plataforma para defender la titularidad pública de la finca y su explotación con criterios sostenibles y no especulativos.
Para PSOE-A e IULVCA, a la actual "ruina" nos ha traído una espiral "de especulación y economía de pies de barro que no puede volver a repetirse". Consideran que insistir en fórmulas de recuperación basadas en "la voracidad constructiva, el abandono de la diversificación productiva sostenible y la retirada de lo público para que el mercado campe a sus anchas son errores capitales que no deben volver a cometerse".
Conscientes de esa situación, los trabajos que se desarrollen en cumplimiento de los acuerdos referidos deben tener presente la necesaria potenciación de actividades y la implantación de otras nuevas que contribuyan a la generación de riqueza y a la creación de empleo.
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