Los conductores contarán con 20 días naturales, en lugar de 15, para pagar multas con tarifa reducida así como para formular alegaciones, según recoge el dictamen de la Comsión de Interior del Senado a la Ley de sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado este miércoles. Este cambio se ha realizado a petición de CiU.
Además, el texto de la Cámara Alta también incorpora otra modificación, propuesta por el Grupo Mixto y Entesa Catalana de Progrés, respecto al remitido por el Congreso, ya que no se inmovilizará a los ciclistas que vayan sin caso cuando sea obligatorio.
A juicio de los proponentes, la medida de inmovilización del vehículo está pensada para los vehículos a motor y, más concretamente, para los motoristas sin casco que, dado el peso del vehículo, no puede ser arrastrado fácilmente. La enmienda apunta que, al introducir la obligatoriedad del casco ciclista en zonas urbanas, esta medida carece de sentido, pues el ciclista sin casco sí puede continuar su camino a pie, empujando la bicicleta, y lo mismo si se le sanciona en vías interurbanas.
Durante el debate, el senador del PP, José Joaquín Peñarrubia, ha explicado que en esta sesión su formación buscaba el "consenso" y ha asegurado que "se harán esfuerzos por solucionar algunos flecos que faltan a esta ley" y que podrán solucionarse "en el debate del próximo pleno".
También se ha incluido en el nuevo texto, a petición del Grupo Mixto, una nueva disposición transitoria acerca de la práctica de las notificaciones en la Dirección Electrónica Vial y en el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico. Según el texto, las administraciones locales practicarán las notificaciones en la Dirección Electrónica Vial o, en su caso, en el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico antes del 25 de mayo de 2016, siempre que lo permitan sus disponibilidades presupuestarias y sus medios técnicos.
Finalmente, se han incorporado enmiendas propuestas por el PP, entre las que destaca la que busca introducir una disposición adicional a la norma para evitar que los conductores extranjeros continúen eludiendo el pago de multas de tráfico, como ocurre ahora en aquellas ocasiones en que no son parados por un agente de tráfico.
El objetivo de estrechar el cerco sobre los conductores extranjeros ha sido largamente perseguido por la Dirección General de Tráfico (DGT) después de que en 2011 se aprobase una directiva europea precisamente para mejorar la comunicación entre los estados europeos de cara a evitar la impunidad con la que algunos extranjeros cometen infracciones de tráfico, sin que se les pueda identificar o notificar la sanción.
De incluirse la enmienda presentada al texto por el PP, la DGT podría solicitar a sus organismos homólogos información sobre conductores para poderles remitir a sus países las multas, del mismo modo que los países de la Unión Europea podrán hacer con los conductores españoles que cometan infracciones en sus territorios.
Del mismo modo, los 'populares' han presentado otro conjunto de enmiendas destinado a mejorar el control sobre los cursos para recuperar puntos del carné y añade que la recuperación parcial de puntos exigirá la realización de una prueba que acredite la superación con aprovechamiento del curso. Con ello se pretende asegurar un nivel adecuado de calidad que garantice los fines previstos para los cursos, según justifica en sus enmiendas el PP.
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