Según el Consistorio, “las medidas han llegado de golpe debido a que dicho ciudadano estaba ilocalizable, el único en esta situación de los 39 expedientes que el Ayuntamiento trasladó a la Fiscalía de Medio Ambiente”.
En concreto, se trata “de la parcela número 1, con una superficie acotada de 900 metros cuadrados en los que hay una construcción de unos 50 metros que no reúne condiciones para una habitabilidad permanente ya que está construida con chapa y otros materiales livianos; una alberca de 20 metros, y una construcción comenzada de unos 40 metros que podría tratarse de un cuarto de herramientas”.
Admisión a trámite
La GMU recuerda que “el expediente fue admitido a trámite por el juzgado de instrucción, incluyendo la petición de medidas cautelares de la Fiscalía: prohibición de ocupación y de acceso; paralización de las obras inconclusas, y cortes de suministro de luz y agua”.
No obstante, la Gerencia apunta que “no se pudieron llevar a la práctica porque la Policía Local, que actuaba como Policía Judicial, nunca pudo localizar a nadie para efectuar la notificación reglamentaria, pese a que acudió al lugar en diversas ocasiones, en días y horarios diferentes”.
En esta línea, el Consistorio señala que “lo mismo ocurrió cuando se trató de notificar por la propia oficina judicial, agotándose de este modo las vías legales establecidas para ello”. Finalmente pudo ser localizada “la persona que defiende la propiedad de ese suelo en el casco urbano de Algeciras”.
La Gerencia subraya que, tras su localización, “y una vez interrogada, el juez hizo suyas las medidas cautelares que propuso el fiscal. Además, el magistrado atendió a la solicitud del Consistorio de establecer una fianza de 9.140 euros para que, cuando el juez disponga, se proceda a la demolición y se restaure el terreno a su estado anterior”.
El concejal delegado de Patrimonio, Gabriel Orihuela, manifestó que en todo el expediente “hay constancia de que se ha construido en los dos últimos años, por lo que queda claro que el delito no ha prescrito”. Así, Orihuela aconseja “afrontar los hechos y no tratar de evadirse de la acción de la justicia. Lo más acertado es devolver lo que no es de uno. Eso ya lo han hecho otros y es lo que tiene menos consecuencias, porque el Ayuntamiento no quiere meter a nadie en la cárcel, sino recuperar lo que es de todos”.
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