La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) ha ordenado a varias entidades bancarias que faciliten información sobre distintas cuentas cuya titularidad la ostentan los sindicatos UGT y CCOO, entre ellas una cuenta de UGT-Valencia, todo ello a fin de concretar los fondos públicos que cobraron como "contraprestación" por la labor desarrollada en los procesos de reestructuración de empresas.
En un auto notificado este jueves a las partes, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada Mercedes Alaya atiende la petición de la Guardia Civil y ordena a varias entidades bancarias que informen sobre cuentas asociadas a la Federación Regional del Metal, Construcción y Afines; UGT-Valencia; Confederación sindical de CCOO, y Federación Agroalimentaria.
De este modo, la juez atiende las peticiones realizadas al respecto por la Guardia Civil en un oficio del pasado 6 de febrero, en el que la Unidad Central Operativa (UCO) "pone de manifiesto que hasta el momento han podido acreditar que los sindicatos y sus entornos societarios habrían sido receptores de fondos públicos, indiciariamente como contraprestación por la labor desarrollada en los procesos de reestructuración de empresas, que habría permitido obtener altos beneficios a las mediadoras intervinientes".
Los agentes apuntan que "estos fondos se hacían llegar a las organizaciones sindicales a través de dos vías, una de ellas utilizando a empresas vinculadas a las mismas, y otra directamente a las respectivas federaciones".
Al hilo, señalan que, en un oficio de 11 de diciembre de 2013, "ya se motivaba la necesidad de solicitar las cuentas bancarias donde se habían producido pagos de las mediadoras a los sindicatos, algunas veces directamente a las federaciones de los mismos, pero otras a través de las empresas vinculadas a ellos, y de esta forma poder profundizar en el estudio del flujo del dinero, cuyo origen se encuentra en la Administración andaluza, y comprobar si las comisiones que se facturan con las empresas citadas revierten en las federaciones que supuestamente han participado en la consecución de las ayudas públicas".
Según la Guardia Civil, en el análisis de los movimientos bancarios relacionados con la operativa descrita "se está en contacto directo con las asesorías jurídicas de las entidades afectadas", a las cuales "se les solicita los soportes documentales que amparan los diferentes trasvases de dinero que son objeto de estudio, todo ello con el fin de identificar perfectamente el último destino de estos fondos".
Así, en las respuestas recibidas de las entidades bancarias "están apareciendo nuevas cuentas de destino cuyo titular es alguna federación sindical, tanto de CCOO como de UGT", por lo que "para poder culminar el análisis descrito y en su caso determinar el fin último dado a los fondos que nacen en la Administración andaluza", la Guardia Civil solicitó a la juez una serie de mandamientos dirigidos a entidades bancarias.
En el auto, Alaya considera que "para poder culminar la encomienda realizada y completar el análisis que viene efectuando la Guardia Civil, y con ello determinar el fin último dado a los fondos que nacen en la Administración andaluza", procede expedir los mandamientos interesados "para que a la mayor brevedad" las asesorías jurídicas de varias entidades bancarias "informen sobre fecha de apertura, titularidad y autorizados actuales o que lo hayan sido" en relación a las cuentas aludidas.
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