El sindicato CCOO ha exigido que en el proceso de simplificación de trámites administrativos iniciada por la Junta se produzca un reforzamiento de las medidas protectoras de los derechos de los trabajadores y de la protección medioambiental, de forma que la Junta "se adelante al proceso de adecuación necesaria de su normativa a los contenidos de la nueva Directiva europea que introduce criterios sociales en las normas de contratación pública".
Fuentes sindicales han precisado a Europa Press que ya han remitido a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo sus consideraciones al Catálogo de Procedimientos de Autorización de la Junta de Andalucía, que afecta a las actividades económicas.
Así, CCOO ha reconocido el "buen trabajo" llevado a cabo por el grupo creado a los efectos por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, y que ha coordinado la Agencia de la Defensa de la Competencia de Andalucía, de forma que el resultado ha sido el mapa de procedimientos de autorización de la Junta de Andalucía, vinculados al inicio o desarrollo de una actividad económica.
Ha recordado que el objetivo por el que se elabora este mapa es "simplificar aquellos mecanismos de intervención que persisten en la ordenación administrativa de las actividades económicas, y que son obstáculos para realizar aquellas inversiones productivas generadoras de empleo".
El sindicato ha precisado que el Acuerdo para el Progreso Económico y Social de Andalucía de 2013, firmado por los agentes sociales y económicos y el Gobierno andaluz, establece "la necesidad de mejorar la regulación de las actividades económicas, la simplificación administrativa y la reducción de cargas administrativas, de forma que se consigan los objetivos económicos y sociales al menor coste, disminuyendo el coste regulador".
CCOO ha recordado los cuatro pilares en los que se sustenta el acuerdo; esto es, "recuperación del empleo y la reactivación económica; propiciar un modelo de crecimiento cuyos pilares sean la competitividad de la economía, la sostenibilidad medioambiental y la cohesión e igualdad social; garantizar los derechos sociales de los ciudadanos y ciudadanas recogidos en el Estatuto de Autonomía par Andalucía; y la apuesta por el fortalecimiento de las relaciones laborales y la negociación colectiva".
Las fuentes insisten en que "es necesario agilizar la burocracia administrativa, la simplificación de procedimientos para facilitar la actividad económica y empresarial que ayude a la creación y mantenimiento del empleo en nuestra Comunidad, pero dentro de los límites y parámetros que permitan garantizar la protección y defensa de los intereses generales, y especialmente, los legítimos derechos de los trabajadores, la protección de los consumidores y el respeto al medio ambiente y el entorno".
En su opinión, "no se trata tanto de suprimir trabas administrativas como de optimizar los procedimientos en las actuaciones administrativas, es decir, procedimientos más ágiles y simplificados, en los que la Administración, bajo el principio de celeridad, ofrezca una respuesta rápida a los operadores económicos en sus iniciativas empresariales".
El sindicato ha recordado las reformas legislativas para "conseguir una administración pública mas eficaz y rápida en las respuestas a las peticiones e intereses de la ciudadanía en general".
A su juicio, "lo relevante no es la excesiva regulación económica que pueda existir, sino que las administraciones públicas cumplan con las normas procedimentales que al efecto hay establecidas, de forma que si en un procedimiento de autorización se señala un plazo para que la administración resuelva, ésta se produzca en tal plazo, evitándose la paralización del expediente en muchos casos".
No obstante, en relación con el Catálogo, CCOO de Andalucía valora la oportunidad de "poder introducirse en el sistema normativo aquellos cambios que a favor de mejorar la regulación, ayuden o beneficien, principalmente, a las pequeñas y medianas empresas, y a los autónomos, dado que soportan unos costes de inicio de la actividad y cargas administrativas proporcionalmente mayores; todo ello, sin merma de la seguridad jurídica y de la salvaguarda de los intereses generales".
Para CCOO es "prioritario" que los cambios y modificaciones que se determinen en la diferente regulación normativa "no afecten, en ningún supuesto, a los intereses generales, como tampoco a la protección de los derechos de los consumidores, ni a la regulación de las relaciones laborales en el ámbito de las empresas".
El sindicato por ello, reclama "un reforzamiento de las medidas protectoras de los derechos de los trabajadores, de los consumidores, y de la protección medioambiental, adelantándose la Administración andaluza al proceso de adecuación necesaria de su normativa a los contenidos de la nueva directiva europea que introduce criterios sociales en las normas de contratación pública".
Considera que estos nuevos criterios de adjudicación hacen "mayor hincapié en consideraciones medioambientales, aspectos sociales e innovación, en un instrumento por el que la Administración puede reorientar la política económica y promover un cambio de modelo productivo".
De esta forma, CCOO-A propone, en relación con la adecuación de procedimientos, y por lo que se refiere a la regulación del régimen general de la responsabilidad responsable y comunicación previa, que ésta se haga "atendiendo, entre otros, a tipo de actividad, tamaño empresarial, ubicación del proyecto, protección de los derechos de consumidores, y trabajadores de las empresas, impacto medioambiental de la actividad en su desarrollo o ejecución, impacto sobre la salud de las actividades que se realicen".
Asimismo, por lo que afecta a la simplificación de los requisitos para la creación de empresas, tales como inscripciones en registros, renovación de autorizaciones, duplicación de trámite, CCOO considera importante "reforzar las garantías por las que sólo se producirá esta simplificación cuando no estén justificados por razones de interés general, y reforzándose en cualquier caso la protección de los intereses generales y especialmente los derechos de consumidores y trabajadores".
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