La asociación conservacionista WWF ha desvelado que la Comisión Europea (CE) ha reclamado al Estado español que responda, como interlocutor, a la queja interpuesta por este colectivo y que propició la apertura de un procedimiento de infracción a cuenta del proyecto de dragado de profundización del río Guadalquivir promovido por la Autoridad Portuaria de Sevilla.
Ante la petición de moratoria que, el coordinador de la Oficina Técnica de WWF en Doñana, Juan José Carmona, habría solicitado la administración central, el colectivo ecologista ha instado al Ejecutivo estatal a resolver de una vez por todas sobre el proyecto.
"Ya es una cuestión de voluntad política", ha indicado Carmona, justificando su aserto en que los informes ya han detectado dónde están las principales problemáticas, por lo que el siguiente paso es "decidir si importa el futuro del Guadalquivir o si éste no importa y, por tanto, se actuará en sentido contrario a lo que han dictaminado los científicos".
Para el coordinador técnico de la Oficina de WWF en Doñana, lo importante es tomar la decisión "no a favor o en contra del dragado, sino, coordinándose, poner en marcha el plan de restauración del Guadalquivir". "Es preferible que el proyecto se eche para atrás sin que tengan que tirar de las orejas al Estado pero, mientras, estamos esperando el resultado de la queja", ha añadido, manifestando que "ojalá pueda archivarse porque la administración haya decidido rechazarlo".
Por otro lado, Carmona ha confirmado que la CE contará con una copia de su denuncia ante Unesco, la UICN y el Convenio Ramsar por las "amenazas" que para Doñana suponen algunas iniciativas, entre ellas el propio dragado, dado que WWF va actualizando el expediente abierto conforme se producen novedades de interés, "como ha ocurrido con el barco que hace poco encalló en Trebujena".
El dragado de profundización del río Guadalquivir es un proyecto que cuenta ya con más de diez años de historia a sus espaldas. Lo promueve el Puerto sevillano al objeto de que el tramo navegable del cauce fluvial acoja la navegación de buques de mayor calado, pero encuentra una firme oposición, entre otros, en el sector agrícola de la comarca del Bajo Guadalquivir, que teme que un incremento de la salinidad acabe afectando a los cultivos de toda esta zona donde el sector primario juega un papel sencillamente imprescindible.
De cualquier modo, los dragados de mantenimiento y conservación acometidos anualmente por la Autoridad Portuaria sobre el cauce vivo del río Guadalquivir están regulados por una declaración de impacto ambiental que se remonta a 2003 y que autoriza este tipo de labores por un periodo de 20 años.
El proyecto se encuentra a expensas de que las administraciones den su visto bueno. En este sentido, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ya estudia el proyecto de protección de márgenes, dado que éste era uno de los puntos pendientes aludidos por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a la hora de declarar como viable la vigente Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
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