La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este miércoles una fianza de responsabilidad civil de 4.660.000 euros para el exsecretario general técnico de la Consejería de Empleo Javier Aguado, a quien la juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha imputado dos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
Abogados personados en la causa han informado a los periodistas de que, después de que el imputado se haya acogido a su derecho constitucional a no declarar, se ha celebrado una comparecencia en la que el Ministerio Público ha pedido una fianza civil de 4,6 millones para Javier Aguado, cantidad que a juicio de la Fiscalía se corresponde con el 20 por ciento de las desviaciones presupuestarias que se produjeron entre 2004 y 2008, cuando Aguado ocupó el cargo.
A esta petición se ha adherido la acusación que ejerce el sindicato Manos Limpia, mientras que la Junta de Andalucía no ha solicitado medida cautelar alguna para el imputado.
'SEÑORES LETRADOS, DISCULPEN EL RETRASO'
Fuentes del caso han destacado que la juez Mercedes Alaya ha pedido disculpas hasta en dos ocasiones a los letrados presentes en la declaración por el retraso de casi dos horas con el que se ha iniciado la comparecencia. "Señores letrados, disculpen el retraso", ha dicho la magistrada.
Tras Aguado comparecerá ante la juez Lourdes Medina, que lo sustituyó en el cargo de secretario general técnico de la Consejería de Empleo.
Ambos fueron imputados el pasado mes de junio, por haber mantenido el uso de las transferencias de financiación para sufragar subvenciones, junto a otros 18 cargos o exaltos cargos, entre ellos la exconsejera de Economía y Hacienda y exministra de Fomento Magdalena Álvarez.
Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es
