El sindicato CCOO-A ha criticado los "incumplimientos" y "deficiencias" de la Junta de Andalucía en el decreto Ley de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión social en Andalucía, especialmente en materia de contratación en las corporaciones locales.
En declaraciones a Europa Press, la secretaría de Política Institucional y Empleo de CCOO-A, Nuria López, ha recordado que el sindicato ya valoró como "necesario" dicho decreto ley, ya que "existen en nuestra Comunidad 1,4 millones de personas en paro y de ellas, mas de 760.000 sin ningún tipo de prestaciones".
No obstante, apuntó que en su momento ya lo consideraron "insuficiente en recursos disponibles y faltos de diálogo y negociación y con carencias y deficiencias en el seguimiento y la evaluación de dicho programa".
De esta forma, tras explicar que este decreto Ley recoge tres bloques de programas diferenciados, esto es, contratos de trabajo en las corporaciones locales (40 millones de euros en función del paro existente en la localidad a 31 de diciembre 2012); ayuda a domicilio (20 millones); y solidaridad alimentaría (un millón de euros para comedores; economatos); y ayudas a la alimentación en colegios; López ha criticado los "incumplimientos" respecto a la parte de contratación por parte de las corporaciones locales.
Así, lamenta que "a fecha de hoy, cuando el artículo 19.2 de la norma recogía la creación de una comisión de seguimiento en un plazo máximo de dos meses --publicado el decreto el 30 de abril de 2012--, este requisito ha sido incumplido por la Junta de Andalucía, ya que esta comisión no se ha creado, ni su funcionamiento se ha regulado".
Por tanto, critica que "cuando acabamos de terminar el año 2013, el mecanismo para conocer si se están cumpliendo o no los objetivos del programa y si se están cumpliendo los requisitos establecidos en la norma no existe y la información tampoco", algo que "hemos denunciado en múltiples ocasiones desde CCOO de Andalucía".
El sindicato considera además que "no ha existido suficiente garantía ni homogeneidad en la igualdad en acceso de los desempleados al programa, pues aunque la norma recoge unos requisitos mínimos, determinando quiénes son las personas que pueden ser beneficiarias de las contrataciones -- parados de larga duración sin prestaciones, cargas familiares, residencia en la localidad, entre otros--, las contrataciones no se han realizado vía Servicio Andaluz de Empleo (SAE), sino que cada ayuntamiento ha establecido sus procedimientos y criterios adicionales propios, llegando incluso a crearse 'bolsas de contratación' en algunos ayuntamientos".
Por tanto, apunta que "ha existido una deficiencia a la hora de velar por la transparencia en la gestión de las contrataciones y en la definición de las vías de acceso a estos recursos públicos".
ACTITUD DE LOS AYUNTAMIENTOS
Igualmente, ha recordado que la norma fijaba el abono por parte de Junta a los ayuntamientos de 1.000 euros para cubrir costes salariales de las contrataciones, obligación de los ayuntamientos de cubrir la diferencia existente entre los 1.000 euros y el coste salarial ajustado al convenio aplicación, y obligación de cumplir tanto las normas laborales, los convenios, las normas de salud y seguridad de los trabajadores.
En este caso, CCOO-A asegura haber detectado que algunos ayuntamientos "han intentado, ajustándose exclusivamente a los 1.000 euros, hacer caso omiso al convenio colectivo, y por tanto, devaluar las condiciones salariales y laborales de estos trabajadores, que se encuentran en una situación de necesidad y al borde de la exclusión social".
CCOO-A explica que tiene la información solo de aquellos municipios donde existe representación sindical y siempre a solicitud y petición del sindicato, de forma que resalta que "en estos casos la intervención sindical está permitiendo la obtención de cierta información y la realización de un seguimiento del programa, exigiendo el cumplimiento del programa en todas las materias, y especialmente, los derechos laborales de estos trabajadores, intentando poner freno a aquellos ayuntamientos que intentan copiar y trasladar con recursos públicos, las prácticas fraudulentas de algunas empresas que precariza derechos e incumplen lo pactado en los convenios colectivos".
Por otro lado, el sindicato ha indicado que en cuanto a la ayuda domiciliaria, la norma no recogía seguimiento alguno, por lo que siempre ha instado a la Junta de Andalucía, y en su caso a las delegaciones provinciales correspondientes, a que "establezcan instrumentos de seguimiento y coordinación para evitar situaciones injustas con los beneficiarios y con los trabajadores de la ayuda a domicilio".
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