La juez Mercedes Alaya, que instruye la causa sobre los ERE fraudulentos, ha imputado los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, omisión del deber de perseguir delitos y tráfico de influencias a dos exsecretarias del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero.
Alaya considera que las exsecretarias, María Ángeles Gala y Rocío Sayago, "indiciariamente" han sido "conocedoras y partícipes" de la tramitación de expedientes para otorgar subvenciones sociolaborales, "con absoluta ausencia de cualquier orden procedimental" y con la carencia de elementos como la solicitud del beneficiario, la memoria económica o una resolución motivada.
Asimismo, argumenta las imputaciones en que serían "plenamente conocedoras" del sistema de pagos cruzados y del presunto "tráfico de influencias" del exsindicalista Juan Lanzas sobre Guerrero, y del "negocio que éste tendría a través de la consecución de subvenciones para terceros".
Las dos exsecretarias de Guerrero también serían "conocedoras de los numerosos intrusos" en las pólizas de prejubilaciones de las distintas empresas, porque facilitarían su inclusión mediante la comunicación de los mismos a las entidades mediadoras con la renta a cobrar y conocerían que "ninguno" tenía derecho a cobrar esa ayuda.
El Ministerio Fiscal ha pedido que se le impongan 220.000 euros de responsabilidad civil a Gala y 80.000 euros a Sayago.
Gala sólo ha respondido a dos preguntas y ha dicho que en su primera etapa hasta que llegó Guerrero no llevaba los expedientes, sino que se limitaba a labores propias de secretaría, como coger las llamadas o llevar la agenda, mientras que los expedientes se llevaban en el departamento de relaciones colectivas, según han indicado fuentes judiciales.
Fue a partir de la etapa en la que Guerrero era director general cuando la tramitación de los expedientes se llevó en la secretaría, ha añadido.
Por su parte, Sayago se ha acogido a su derecho de no declarar ante la juez Alaya.
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