La asociación La Revuelta ha criticado que el Ayuntamiento de Sevilla “continúe empeñado en meter una cochera en la Alameda” y haga “oídos sordos” a los informes, alegaciones y pronunciamientos contrarios a la creación de aparcamientos rotatorios intramuros, apuntando que seguir ese trámite sólo conduce a más confrontación con la Junta de Andalucía.
La entidad asegura que el Ayuntamiento sabe que la Junta “no puede aprobar unas modificaciones que van contra la legislación vigente en materia de urbanismo, de comercio y de movilidad y contra el modelo del propio PGOU”. A pesar de ello, “persiste en su empeño de que sea la Junta de Andalucía quien paralice estos proyectos para así poder justificar su inacción”.
Cuestionan los argumentos dados por Urbanismo para justificar que se necesita un aparcamiento rotatorio para revitalizar el comercio, a pesar de que el estudio de movilidad realizado para el uso comercial de la Gavidia sostiene que éste “sólo generaría 230 desplazamientos diarios”, que podrían atenderse incrementando los autobuses. “Si hay un incremento de movilidad motorizada, no debe permitirse el uso comercial en la Gavidia; y si no lo hay, es innecesario el aparcamiento pretendido en la Alameda. Argumentos tan contradictorios sólo demuestran que estamos ante justificaciones mal razonadas y no ante estudios fiables”, apuntan.
Recuerdan que todos los informes y alegaciones contrarios a este aparcamiento van en la línea contraria a la del Ayuntamiento, al apostar por restringir el acceso de vehículos particulares al casco histórico y rechazar los aparcamientos rotatorios en el centro, que incluye a la Alameda, zona que no es “la trasera del mismo”. “Frente a este sentir mayoritario, el Ayuntamiento hace oídos sordos y sigue presa de las presiones de un lobby minoritario y anticuado: algunos pequeños comerciantes del entorno de la Campana”, señalan.
La asociación vecinal La Revuelta, integrada junto a otros 20 colectivos ciudadanos en la Plataforma No Parkin Alameda, “va a seguir la lucha en la calle y en los despachos para que estos aberrantes proyectos no se lleven a cabo”, señalan.
Y recuerda que otros gobiernos municipales “ya lo intentaron en 1962, 1975 y 1998, y entonces, como ahora, la oposición vecinal impidió que se consumaran”.
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