La Consejería de Fomento y Vivienda ha iniciado el procedimiento de expropiación temporal del uso de dos nuevas viviendas en Córdoba y La Rinconada (Sevilla) en aplicación de la Ley 4/2013 de Función Social de la Vivienda, aprobada por el Parlamento andaluz el pasado 25 de septiembre, y que beneficiarán a una pareja de jubilados y a un parado de larga duración sometidos a sendos procesos de desahucio, han informado a Europa Press fuentes de este departamento.
Así lo recogen sendos anuncios que publican este martes el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), por el que se someten a información pública los expedientes, "con carácter previo a la declaración de interés social de la cobertura de necesidad de vivienda y de la necesidad de ocupación a efectos expropiatorios" conforme a dicha Ley.
Con estas dos nuevas viviendas, son ya veinte las sometidas a este proceso en toda Andalucía desde la aprobación de la Ley, ocho de ellas en la provincia de Málaga, seis en la capital, una en Torremolinos y otra en Vélez-Málaga.
El resto se reparten tres en la provincia de Almería, en Roquetas de Mar y Balerma; dos en la provincia de Granada, en Motril y Húetor Vega; otras dos en la provincia de Cádiz, en Sanlúcar de Barrameda y El Puerto de Santa María; dos en la provincia de Sevilla en San Juan de Aznalfarache y ahora en La Rinconada; dos en la provincia de Córdoba en Doña Mencía y ahora en la capital, y una en Huelva capital, ya aprobada por el Consejo de Gobierno de la Junta y que corresponde a la primera vivienda andaluza con el expediente culminado.
Las viviendas cuyo procedimiento de expropiación forzosa se publica este martes se ubican en el número 26 de la calle Nuestra Señora de la Merced de Córdoba, con una superficie construida de 76 metros cuadrados y que había sido embargada por el BBK Bank Cajasur. La vivienda está ocupada por un matrimonio de jubilados de 70 y 65 años de edad en riesgo acreditado de exclusión social.
En el caso de La Rinconada (Sevilla), la vivienda se localiza en el número 3 de la calle Carmen Colomer Carranza, con una superficie construida de 90,48 metros cuadrados y que había sido embargaba por Citifin SA EFC, del grupo Citybank. La vivienda está ocupada por un desempleado de larga duración en riesgo acreditado de exclusión social.
A partir de ahora se abre un plazo de 15 días hábiles, contados a partir de la última publicación que se efectúe en BOJA, en el Boletín Oficial de la Provincia y en diarios de mayor circulación de las provincias, al objeto de que los titulares y demás interesados "puedan presentar las correspondientes reclamaciones y sugerencias en relación a la individualización y concreción del derecho de uso sobre el bien que se ha descrito anteriormente u oponerse por razones de fondo o forma a la necesidad de ocupación".
El siguiente paso de estos expedientes (una vez completada la tramitación y estudiadas las alegaciones) será ir a Consejo de Gobierno.
La culminación del expediente asegura a los ocupantes un techo bajo el que vivir en alquiler social durante estos tres años en los que la familia afectada pagará el 25 por ciento de sus ingresos familiares, y nunca más de 130 euros al mes.
UNA EXPROPIACIÓN CULMINADA Y OTRAS 32 PUBLICADAS EN BOJA EN ANDALUCÍA
Según los datos facilitados a Europa Press por la Consejería de Fomento y Vivienda, en Andalucía se ha culminado una expropiación temporal del uso de vivienda en Huelva capital y hay otras 30 expropiaciones temporales publicadas en BOJA, catorce de ellas en Málaga; cuatro en Granada; cinco en Sevilla; tres en Almería, tres en Cádiz, dos en Córdoba y una en Huelva.
Además, las oficinas de la Junta han prestado asesoramiento a más de 500 familias que solicitan protección en las oficinas del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda y son susceptibles de beneficiarse de esta u otras medidas de protección de la Consejería de Fomento y Vivienda.
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