En su comparecencia en el pleno del Parlamento para informar sobre la protección de la legalidad urbanística y de ordenación del territorio en Andalucía, a petición del PSOE y del PP, el consejero andaluz señaló que este nuevo reglamento se encuentra actualmente en fase de informes preceptivos.
El anuncio del consejero se produjo durante un debate en el que el PP acusó a la Junta de llevar "demasiado tiempo permitiendo y fomentando la corrupción" en Andalucía, y advirtió de que la corrupción "acabará" con Manuel Chaves de la misma forma que lo hizo con el que fuera presidente del Gobierno, Felipe González.
La respuesta de los socialistas fue denunciar que el PP "no ha justificado" ante la Cámara de Cuentas gastos de campaña electoral en el año 2004 y para señalar que el PP ha visto la oportunidad de "poner el ventilador" para hacer de Chaves "el culpable universal" de todos los asuntos relacionados con el Urbanismo.
Espadas informó de que el reglamento, ya debatido y consensuado con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y que recoge "la mayor parte" de las sugerencias trasladadas por la Fiscalía y el Defensor del Pueblo, sustituirá al actualmente vigente a nivel estatal que data de finales de los años 70.
Dicho reglamento servirá para "completar el marco de control de la legalidad y ejercicio de la disciplina urbanística" que ya existe en Andalucía, según Juan Espadas, quien avanzó que además de desarrollar este procedimiento de demolición sumaria va a haber una serie de novedades dentro del reglamento.
Entre ellas, destacó el desarrollo de las potestades que permitirán, en la actuación preventiva, adoptar medidas cautelares por los alcaldes contra obras sin licencia, mientras que también establecerá el carácter obligado de las licencias urbanísticas.
Espadas reveló también que desde la creación de la Dirección General de Inspección en el año 2005 se han tramitado 17.649 actuaciones en 535 municipios, el 70 por ciento del total de localidades andaluzas, relacionadas con este tipo de construcciones.
Además de las denuncias tramitadas, y también desde 2005, la Junta de Andalucía ha impugnado ante los tribunales 486 licencias, lo que supone una licencia impugnada cada cuatro días, según Espadas, quien ha añadido que los tribunales "han dado la razón mayoritariamente a la Junta de Andalucía", puesto que de las 311 sentencias que ya existen sobre esta impugnaciones, un total de 233, el 75 por ciento, han sido favorables.
La Junta se sacude sus competencias, según el PP
La portavoz parlamentaria del PP-A, Esperanza Oña, que reprochó al consejero que haya dedicado toda su intervención "sacudiéndose competencias", dijo que en Andalucía existe una "sombra de corrupción" y que, aunque hay alcaldes corruptos también se deben conocer las responsabilidades de la Junta.
Tras recordarle algunos casos de presunta corrupción ocurridas en algunos municipios socialistas, advirtió de que si está por desarrollar la LOUA es culpa del Gobierno andaluz, al que culpó de "muchísima corrupción" porque hay artículos en la normativa que le permite intervenir, de forma que si no lo hace es "cómplice" de los casos de corrupción en esta materia.
El parlamentario del PSOE José Caballos, que censuró que para el PP solo haya casos de corrupción en los municipios gobernados por los socialistas, recordó las acciones de la Junta en materia de control urbanístico, con miles de denuncias y cientos de impugnaciones a actuaciones municipales.
En su turno de posicionamiento, el diputado de IU Juan Manuel Sánchez Gordillo, advirtió de que el problema de la corrupción urbanística es que "para acabar con la rabia hay que matar al perro, y el perro es el capitalismo", de forma que el modelo de urbanismo existente genera corrupción porque se han dedicado a especular.
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