La reforma del sistema de financiación autonómica y la deuda histórica centraron la comparecencia, a petición del PP e IU, del vicepresidente segundo del Gobierno andaluz y consejero de Economía y Hacienda, José Antonio Griñán, quien sostuvo que la negociación sobre la Disposición Adicional Segunda llegará a buen puerto en el plazo previsto, y que la cuantificación definitiva estará "en consonancia" con la cifra considerada en el Parlamento.
La estimación del Parlamento fue de unos 1.148 millones, aunque el Gobierno andaluz ha venido planteando una horquilla que oscila entre esta cantidad y los 1.700 millones, si bien un último cálculo la ha situado en algo más de 1.200 millones, una cantidad a la que habría que descontar los 420 millones de adelantó de 1997 y 2008.
Según Griñán, el Gobierno andaluz no ha querido entrar en una subasta, ni presentarse ante el conjunto de los españoles con una factura que "les decimos que nos deben, sin antes haber argumentado todos y cada uno de los números".
"No habrá nadie desde el Gobierno Central o desde cualquier otra comunidad que pueda acusar a Andalucía de haber planteado una reclamación disparatada", esgrimió.
Se trata -precisó- de compensar a Andalucía por competencias transferidas con recursos inferiores para garantizar servicios fundamentales.
El próximo lunes se reúnen en Madrid la Junta y el Gobierno en la comisión bilateral y, según el consejero, antes de que acabe la prorroga, que expira el 20 de marzo, las asignaciones de la deuda histórica estarán cuantificadas.
La oposición tacha los 1.200 millones de miseria, fiasco o traición
Antonio Sanz (PP-A) denunció la "profunda equivocación" de la Junta de "vincular" la deuda histórica a la financiación autonómica, y alertó que los 1.200 millones supone una "traición al Estatuto y pisotear" los derechos de los andaluces con un "talón ridículo que les hará pasar a la historia por su traición".
"La cifra de la deuda es una miseria para tragar con un plan injusto de financiación y no vamos a aceptar ninguna de los dos", concretó Sanz.
El diputado recalcó que la "miserable cantidad pisotea las reivindicaciones y derechos de más de 30 años de muchos andaluces", por lo que advirtió de que "en absoluto se termina el debate".
Pedro Vaquero (IU) esgrimió que aceptar los 1.200 millones que baraja el presidente Chaves es un "fiasco, una cifra ridícula y una traición" al Estatuto y a Andalucía, lo que le llevó a anunciar que su formación se declarará "insumisa" política a la firma de ese acuerdo, que estudiará jurídicamente.
Según las cuentas de IU, la reclamación, pendiente desde 1981, se eleva a una cantidad no inferior a los 3.000 millones, por lo que exigió a la Junta que rectifique para no convertir la deuda histórica en una "rebaja histórica".
"Una cosa es comportarse como un hermano con el Gobierno central y otra hacer el primo, que es lo que va a ocurrir", aseveró.
Respecto a la financiación autonómica, Andalucía, que podría recibir una cantidad no inferior a los 1.000 millones con la reforma del sistema, se opone a que se pondere el origen y el sexo de la población, pero sí la población en edad escolar (20%).
El consejero comentó que hay pocas novedades, pese a los contactos técnicos con el Ministerio de Economía, en los que se ha constatado que la población será el principal criterio del nuevo sistema para garantizar la igualdad de los servicios en todas las comunidades.
Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es
