La polémica ley de tasas judiciales del Gobierno del PP se aprobó en noviembre del pasado año, y en febrero de este año se modificó a través de un Real Decreto-Ley. Antes de su aprobación, fueron muchas las protestas por una norma que muchos tacharon de “injusta” e “inconstitucional”. Y a pesar de que aparentemente no han servido para mucho, el rechazo a la norma aumenta y se grita en plena calle.
Eso es precisamente lo que va a hacer el próximo miércoles el Colegio de Abogados de Huelva, que ha convocado a sus colegiados, a todos los operadores jurídicos, a las autoridades y a “todas las personas que puedan apoyar nuestra reivindicación”, a una concentración a las 12.00 horas a las puertas del Palacio de Justicia para protagonizar “un grito colectivo contra tan absurda ley”, explicaba este jueves el decano de los letrados onubenses, Juan José Domínguez.
Por el momento, ya cuentan con el apoyo del PSOE, como así se constató en un encuentro que mantuvo la directiva del Colegio con el vicepresidente del Congreso y diputado por Huelva Javier Barrero.
Son muchos los argumentos que ofrecieron para mostrar su rechazo a la ley de tasas, y también cifras, que no engañan. Así, Domínguez aseguró que “se está notando en un descenso notable de los procedimientos civiles, de todos aquellos que exigen un desembolso previo, y se está notando en la petición de la Justicia gratuita, solicitando abogados y procuradores del turno de oficio”. De hecho, especificó que “aproximadamente, las peticiones de Justicia gratuita para pleitos civiles han ascendido un 40% durante el último año”.
Por su parte, Barrero puso un ejemplo: “Imagínense que una persona queda tetrapléjico en un accidente de tráfico. Si recurre ante su seguro o lo demanda (por la vía civil) por 1,3 millones de euros, por ejemplo, la demanda serían 6.050 euros. Si no la gana, la apelación serían 6.500 euros, y si tampoco gana y tiene que ir al Tribunal Supremo, serían algo más de 6.000 euros. Es decir, estaríamos ante una persona tetrapléjica por un accidente de tráfico que ha recurrido para conseguir una indemnización consecuente con el accidente de su compañía de seguro, y que tendría que poner hasta el Supremo 19.500 euros para reclamar un derecho que hasta hace poco era gratuito en cuestión de tasas”.
200 euros por una multa de cien
O más fácil, “recurrir una multa de 100 euros tiene unas tasas judiciales de 200”, lo que se traduce, a juicio de Barrero, en que “los juzgados dan un portazo a una gran parte de personas que tenían la garantía de defensa y Justicia”, algo que ha calificado de “grave”, y de ahí que “colegiados de todo tipo de pensamiento político se hayan levantado, no por defender su profesión, si no a su clientela, que somos todos”.
Tanto el socialista como el decano coincidieron en que la ley y el decreto-ley son “injustos”, al establecer una Justicia a dos velocidades, para poderosos y débiles; e “inconstitucionales”. En esta línea, Barrero recordó que el Grupo Parlamentario Socialista ha recurrido ambos y que han sido admitidos a trámites por el Tribunal Constitucional. Aunque el socialista confía en que resuelva a favor de estos recursos, espera que no haga falta, porque “los ciudadanos deben tener la garantía de que nosotros, en el supuesto de que tengamos su confianza dentro de dos años (en las elecciones generales), anularemos tanto la ley como el decreto-ley”.
Reunión por el turno de oficio
El decano de los abogados de Huelva anunció que todos los decanos andaluces se reunirán hoy con la directora general de la Consejería de Justicia en Antequera para abordar los impagos en el turno de oficio. Si la reunión no llega a buen puerto, protagonizarán el día 28 una “concentración masiva” ante la sede de Justicia en la capital hispalense.
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