España era en 2012 uno de los 34 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) donde hay más ciudadanos, casi el 80 por ciento, que piensan que "la corrupción está extendida en el Gobierno", superado solo por República Checa, Grecia, Portugal, Italia, Corea del Sur y Hungría.
El informe 'Panorama de las administraciones públicas 2013', publicado este jueves por la OCDE, también indica que la confianza de los españoles en el Gobierno y en el sistema judicial era entonces muy inferior a la media de los países de la OCDE, habiéndose reducido en el primer caso de un 48 por ciento en 2007 a un 34 por ciento el año pasado.
La confianza en el Ejecutivo central en los Estados miembros disminuyó, de media, de un 45 por ciento en 2007 a un 40 por ciento en 2012, de acuerdo con datos de la encuestadora Gallup.
El documento incluye también datos de un Eurobarómetro de 2013 según el cual España es el país de la UE donde es más baja la "tendencia a confiar" en el Gobierno y uno de los países con menor confianza en los partidos políticos, en ambos casos por debajo del 10 por ciento.
Además, solo un 29 por ciento de los españoles dicen estar satisfechos y confiar en el sistema judicial, frente a una media del 51 por ciento en la OCDE. Son muchos más los que expresan su confianza en la Policía (75 por ciento, tres puntos por encima de la OCDE), en la sanidad pública (74 por ciento, tres puntos más) y la educación pública (63 por ciento, tres puntos menos).
Otro dato que se incluye en el estudio es el que cuantifica el nivel de publicidad de los intereses privados de las personas que ocupan cargos públicos y la disponibilidad de información para los ciudadanos, que en la OCDE se sitúa en un 51 por ciento y en España es un 42. Respecto a los ciudadanos que utilizan Internet para interactuar con las administraciones públicas, en el caso de España son un 45 por ciento y en la OCDE son un 50.
FUERTE DESCENTRALIZACIÓN EN EL EMPLEO PÚBLICO
Asimismo, en el apartado dedicado a España se destaca que nuestro país es el que experimentó, con diferencia, la tendencia más fuerte de descentralización desde 2001 a 2011 en lo referente al empleo público, ya que los trabajadores de la Administración General del Estado pasaron de representar un 40 por ciento a suponer el 20 por ciento del empleo público total. Solo Suecia, Bélgica, Japón, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Suiza y Brasil tenían menos de un 20 por ciento.
En 2011, España se situaba cerca de la media de la OCDE, aunque ligeramente por debajo (un 13,1 por ciento, frente a un 15,5), en cuanto a la proporción que supone el número de empleados del sector público dentro de la fuerza laboral del país.
Al referirse al porcentaje de mujeres en la Administración Pública, el informe dice que en 2010 eran un 55,2 por ciento, cerca de la media de la OCDE (56,8). Citando datos de 2012, añade que el 30,8 por ciento de los miembros del Gobierno español eran mujeres, por encima de la media de la OCDE, que se situaba en el 24,9.
En el ámbito económico, el documento muestra que para reducir el déficit público a un 60 por ciento del producto interior bruto entre 2012 y 2030, España tendrá que tomar medidas de consolidación fiscal equivalentes al 5,3 por ciento de su PIB, frente al 3 por ciento de la media de la OCDE. Además, se resalta que más de un tercio del déficit fiscal de España viene determinado por el déficit de las comunidades autónomas.
NUEVO ENFOQUE PARA LA GOBERNANZA
El informe explica que la crisis económica y financiera y sus consecuencias han hecho que muchos de los gobiernos de la OCDE implementen planes de ajustes estructurales para recobrar el buen estado de sus finanzas públicas.
"Sin embargo, a medida que la expectativas de los ciudadanos han dejado de cumplirse debido a los reducidos recursos del Gobierno, ha disminuido considerablemente la confianza de las personas en los gobiernos", una circunstancia que "dificultó que las autoridades nacionales se consiguieran apoyo para las reformas necesarias", agrega.
La OCDE recomienda adoptar "un nuevo enfoque para la gobernanza" en caso de que los gobiernos no cumplan las expectativas de los ciudadanos con los recursos limitados de que disponen. A su juicio, ese enfoque debería construirse en torno a "la formación de capacidad estratégica, instituciones sólidas, instrumentos y procesos efectivos y resultados claramente medibles".
Otros aspectos clave que muestra el informe son que los países aún afrontan retos en sus finanzas públicas, que los niveles de empleo públicos permanecerán estables a largo plazo, que se necesitan más mecanismos para reducir las diferencias entre hombres y mujeres en el sector público y que a los gobiernos de los países de la OCDE les preocupa poder prestar servicios públicos de calidad a más habitantes.
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